El director ejecutivo de la Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Probidsida), Orlando Quintero, se cansó de esperar una respuesta al desabastecimiento de las medicinas para mantener controlado el virus.
Su molestia llegó a tal punto, que a las 6:00 a.m. de ayer arribó al edificio viejo del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS), se sentó en la escalera principal y se encadenó. Allí permaneció hasta las 12:00 m.
La acción llamó la atención de los curiosos y de las autoridades locales y generales de la institución, que se acercaron a conocer el motivo de su protesta.
Quintero explicó a este diario que se cansó de ser un actor pasivo ante el desabastecimiento de los medicamentos Raltegravir y Atripla, que pone en riesgo la vida y la salud de unos 4 mil panameños que viven con el virus.
Indicó que los 300 pacientes que toman Raltegravir corren el riesgo de morir, debido a que es la última línea de tratamiento, mientras el peligro para el 70% de los asegurados diagnosticados con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que utilizan Atripla es desarrollar resistencia al tratamiento.
Una situación que no solo afecta a los pacientes, sino también al Estado, porque Atripla es la primera línea de tratamiento y tiene un costo de 54 dólares mensuales, mientras que pasar a una segunda generación de medicamentos tiene un costo de 300 dólares por paciente.
Entre las autoridades que se reunieron con Quintero está el director encargado de la CSS, Rubén Darío López, quien explicó que existe un contrato de $1.2 millones para comprar Regravir, cuya tramitación no ha concluido aún, porque falta la autorización de la Contraloría General de la República.
No obstante, a los pocos minutos de darse a conocer esta información, un comunicado del organismo fiscalizador de las finanzas públicas negó los planteamientos del director encargado de la entidad.
Según el comunicado, la Contraloría verificó en el Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos y descubrió que no tiene trámites de medicamentos pendientes, y agregó que estos podían estar pendientes en la junta directiva de la CSS.
Otra autoridad que se acercó al lugar fue el defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, quien prometió abrir una queja por falta de medicinas.