El polémico proyecto de ley 245, que establece acuerdos de penas en el sistema penal inquisitivo y pretende reducir el hacinamiento en las cárceles, se convirtió ayer en la Ley 4 del 17 de febrero de 2017, luego de recibir la sanción presidencial.
La nueva norma, suscrita por el presidente Juan Carlos Varela, y la ministra de Gobierno, María Luisa Romero, fue promulgada en la Gaceta Oficial N. 28221-B.
Hace dos días, Varela dijo en un acto público que revisaría el proyecto y lo sancionaría tras la revisión del Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de la Presidencia. Esta norma fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional, para modificar el Código Judicial, el Código Penal y el Código Procesal Penal.
Dichas modificaciones mantuvieron estancados por más de un mes los debates en el pleno legislativo.
La ahora Ley 4 permite acuerdos de pena para los colaboradores eficaces en los procesos que se sigan por hechos delictivos cometidos antes del 2 de septiembre de 2016. Entre los acuerdos se prevé la rebaja de las penas.
Además, la norma contempla la posibilidad de que el juez sustituya hasta el 30% de la pena impuesta a un imputado por trabajo comunitario, arresto domiciliario, días multa o compensación económica a la víctima, pero quedan excluidos de este beneficio los involucrados en delitos graves, como homicidio doloso, corrupción de servidores públicos, estafa agravada, entre otros.
La norma también fija a cuatro años el tope considerado como pena corta privativa de libertad con la cual el juez de conocimiento podrá reemplazar, al dictar sentencia definitiva, las penas por arresto de fines de semana, días multa, etc.
Igualmente, permite a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conocer los procesos de extradición del Capítulo II, del Título IX del Libro Tercero del Código Judicial, del incidente de objeciones contra la decisión de la Cancillería.