Después de un largo análisis en una subcomisión, pasó a segundo debate el proyecto de ley 215, que crea un incentivo económico para los ciudadanos que denuncien los delitos contra la administración pública.
El proyecto fue avalado de forma unánime en primer debate, por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, luego de que los diputados de esa instancia acordaran que los cambios al proyecto se harían en el pleno y no en la comisión.
La iniciativa, que fue presentada por el panameñista José Antonio Domínguez, plantea, entre otras cosas, que “los ciudadanos que denuncien la comisión de delitos contra la administración pública por actos de corrupción de servidores públicos tendrán el derecho de reclamar el pago del 30% del total del dinero recuperado por el Estado”.
De igual forma, señala que en la denuncia el ciudadano deberá aportar datos certeros y útiles que lleven a la convicción de que los hechos objeto de la denuncia constituyen indicio de delito contra la administración pública. Deberá identificar o hacer una individualización de los posibles autores.
En su momento, la diputada independiente Ana Matilde Gómez consideró que se debe tener una opinión del Ministerio Público sobre el proyecto.
La diputada también indicó que habría que definir quién hará el pago de dicha recompensa y de dónde se sacarán los fondos.
En ese sentido, Domínguez manifestó que el incentivo saldrá de los fondos que recupere la fiscalía y se dará al ciudadano siempre que se logre recuperar el dinero.
Según el diputado, este incentivo ya existe en legislaciones similares de países como Estados Unidos, algunos de la Unión Europea y de Sudamérica.