La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional envió al Ejecutivo la propuesta de ley que establece un mecanismo para la protección de información de carácter personal.
Una de las razones que motivó la decisión fue que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que sería la encargada de ejecutarla, no tiene los recursos para atender esas funciones.
DEVUELVEN PROYECTO AL EJECUTIVO
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional no llegó a un consenso en la redacción de varios artículos del proyecto de ley 463, que busca la protección de datos de carácter personal.
El documento, presentado en febrero de 2017, fue devuelto al Ejecutivo tras un proceso de consultas en el que participaron entidades como la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), la Autoridad de Innovación Gubernamental, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y la Defensoría del Pueblo, así como la Superintendencia de Bancos de Panamá, la oenegé Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (Ipandetec) y la empresa Microsoft.
La comisión suspendió la discusión en primer debate y devolvió la iniciativa al Ejecutivo para que este tome en cuenta los recursos necesarios para que se haga efectiva esta normativa, entre ellos, que la entidad responsable de ejecutar la ley disponga de equipo informático y se le nombre personal técnico.
Y es que uno de los aspectos que frenó el avance de la discusión fue el que se asignara a la Antai la responsabilidad del tratamiento de los datos personales contenidos en bases de datos, así como su almacenamiento y fiscalización, ya que esa entidad no tiene los recursos para atender esas funciones.
Incluso Angélica Maytín, directora general de la Antai, reconoció durante el período de consultas que esta institución no tiene los elementos necesarios para hacerle frente a las obligaciones que demanda el proyecto de ley.
Leandro Ávila, diputado perredista y miembro de la Comisión de Gobierno, señaló que después de que el Ministerio de la Presidencia, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, haga la planificación de los recursos y modifique la propuesta, esta puede volver a ser presentada ante el pleno de la Asamblea.
Maytín respaldó la decisión de la comisión. “Consideramos que es una excelente oportunidad para plantear al Ejecutivo que se requiere de la dotación de recursos humanos y económicos a la Antai, contemplando con ello el fiel cumplimiento de la futura ley, para garantizar a la ciudadanía que sus datos serán efectivamente protegidos, ya que los objetivos y fines trazados en el proyecto de ley en mención, estarían plenamente resguardados”, apuntó.
Maytín expresó que si el Órgano Ejecutivo –al recibir el proyecto devuelto para su consideración– decide que la Antai no debe llevar adelante la gestión de la norma propuesta, por las razones que sean, respetará la decisión.
El viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, dijo que convocará a una reunión con la Antai para considerar la posición de la Asamblea. “Todo fortalecimiento presupuestario de Antai está relacionado con el perfil y contenidos del nuevo proyecto. Debe recordarse que la modificación del presupuesto aprobado para 2018, en caso de ser necesaria, debe iniciarse con una solicitud específica de Antai, probablemente a fines del primer semestre de 2018”, indicó Sánchez.
EL PROYECTO
Entre otros aspectos, la iniciativa sobre protección de datos personales reconoce el derecho de las personas a la información, modificación, cancelación o bloqueo de sus datos personales, estableciéndose un plazo de 10 días hábiles para que los responsables de las bases de datos faciliten su tramitación y contestación, y la posibilidad de que el titular de los datos pueda recurrir a la Antai en caso de que su derecho no haya sido atendido.
De aprobarse el proyecto tal y como se presentó, la Antai podría imponer sanciones de hasta $100 mil a quienes divulguen, traspasen o vendan para uso comercial los datos de una persona.
REACCIONES
Para Leah Hernández, directora ejecutiva de Ipandetec, es “penoso” que al momento del cierre de consultas la propia Maytín reconociera que la entidad no contaba con los recursos para llevar adelante las tareas que supone el proyecto. “La pregunta que nos hacemos es por qué si sabía que no contaba con los recursos ni estructura para esto, la Antai presenta ante el Consejo de Gabinete [el documento]. De esto tuvieron que haber estado conscientes [desde] mucho antes”, remarcó.