La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó ayer en primer debate el proyecto de ley 305 que reforma la ley de contrataciones públicas, tras una sesión de más de cuatro horas que se inició con el cuórum mínimo de cinco diputados.
Después de acoger durante un mes las observaciones de distintos gremios y asociaciones del país, la comisión aprobó 123 artículos, entre los que se destacan la certeza de castigo y multas definidas; eliminación de licitaciones abreviadas, que de acuerdo con algunos diputados permitía la discrecionalidad de funcionarios públicos; que las consultorías se realicen por licitación; y la obligatoriedad del funcionario a que se capacite anualmente, entre otros.
El diputado panameñista y presidente de la comisión, Miguel Salas, apuntó que espera que el segundo y tercer debate del proyecto de ley 305 sean aprobados antes de que finalice el mes de abril.
El proyecto de ley 305 fue presentado por el Órgano Ejecutivo el 18 de febrero pasado. La aprobación de ayer, luego de que se decretara sesión permanente para su discusión, adoptó 13 modificaciones totales o parciales y 23 nuevos artículos.
“Va a haber certeza de castigo definida para cualquier empresa nacional o internacional que incumpla en el país”, dijo el presidente de la comisión.
Esta afirmación deja abierta la puerta a un escenario que la diputada Ana Matilde Gómez, cuyas 37 propuestas fueron desestimadas, quiere evitar: que empresas extranjeras que tienen sentencias penales en sus países puedan hacer negocios con el Estado panameño. Misma opinión tiene Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá.
ODEBRECHT, CON VÍA LIBRE
Una de esas empresas es la brasileña Odebrecht, a la que Standard & Poor’s (S&P) rebajó esta semana su calificación a BB, dadas las crecientes limitaciones financieras a medida que progresan las investigaciones de corrupción sobre la compañía. “Me resulta apenas lógica esa rebaja”, opinó Gómez, y avisó que “todos los países de la región que tienen contratos con ellos [Odebrecht] deben ser más precavidos, prudentes, para evitar que si ha habido en el sistema espacios por los cuales se cuela esa forma de trabajar de manera sistemática, para lograr que se den en los Gobiernos aprobaciones que posteriormente van a reflejar actos de corrupción, mejor es evitarlo”.
Sin embargo, esto no se podrá evitar con el proyecto aprobado ayer. Al menos hasta que se incorporen cambios en segundo debate.
Consultado al respecto, Salas evitó opinar de la baja en la calificación otorgada por S&P “de la empresa que menciona”. Pero recordó que la actual ley no habla de inhabilitar a empresas que cometan delitos dentro de la jurisdicción de Panamá.
Odebrecht es un importante contratista del Estado panameño. Solo el año pasado se adjudicó obras por más de $2 mil millones, entre las que figuran la línea 2 del Metro y la renovación urbana de Colón.
Para el diputado de Cambio Democrático Manuel Cohen, esta rebaja no es tan importante como que las fianzas de las obras estén en orden. “Si eso está bien, no debemos tener problemas. Retrasos, quizá, pero problemas no”, dijo.
Sobre no permitir que empresas extranjeras con sentencias en sus países negocien con el Gobierno panameño, Cohen consideró que eso limitaría a Panamá, porque son empresas calificadas, al margen de las demandas y litigios.
Durante la discusión del primer debate, “eficacia” y “transparencia” se escucharon una y otra vez en el casi vacío auditorio Carlos Titi Alvarado del nuevo edificio legislativo. Empero, para Gasnell, “las propuestas del [Órgano] Ejecutivo no envían un mensaje claro” sobre la contratación de empresas extranjeras que estén siendo investigadas por corrupción, como Odebrecht.