Un proyecto de ley propuesto por el diputado de Cambio Democrático Hernán Delgado propone eliminar la competencia del Ministerio Público para ordenar detenciones preventivas en los procesos iniciados antes del año 2018 y que todavía continúan bajo el sistema inquisitivo mixto.
La iniciativa, que fue acogida ayer por la Comisión de Gobierno de la Asamblea, establece que las detenciones preventivas tendrían que ser solicitadas a los jueces de garantías.
La medida impactaría a casos como el de Odebrecht, si se le autoriza un nuevo plazo para la investigación.
La comisión también adoptó la propuesta de la perredista Zulay Rodríguez de expulsar del país a los extranjeros que insulten a los panameños; y un proyecto que impulsa Miguel Fanovich, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, que propone un salario para notarios y cónsules.
Migración, notarías y justicia esperan debate legislativo
Los cambios a la Constitución Política, no son las únicas prioridades de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
Una iniciativa para reformar el sistema migratorio del país; otra para cambiar la dinámica de las notarías y los consulados; y una más que busca cambios en las medidas cautelares también están en el radar de esa instancia legislativa, que preside Leandro Ávila, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Los tres documentos fueron prohijados, término que usan los diputados cuando deciden aceptar un anteproyecto de ley para más adelante discutirlo en primer debate.
Política migratoria
El primer documento es la controvertida iniciativa que promueve la perredista Zulay Rodríguez, documento que modifica el Decreto Ley 3 de 2008, que regula el Servicio Nacional de Migración, y que plantea, entre otros aspectos, la creación de una unidad migratoria de acción de campo que fiscalizaría y haría censos de los procesos de regularización migratoria y de todos sus beneficiados.
También dispone que los extranjeros que ofendan, insulten o delinquen en el país serán deportados. Esta medida también aplicaría para los que no cumplan con la documentación que exige la ley para estar en Panamá.
Rodríguez pidió a sus colegas que prohijaran el documento y manifestó que espera que la comisión abra la consulta para que todos participen. “Estoy de acuerdo que se saque un solo documento que esté consensuado por las autoridades del Gobierno y se escuchen los intereses de los nacionales, quienes fueron los que pusieron a todos ustedes donde están”, expresó Rodríguez a los comisionados.
Notarías
Mientras tanto, el proyecto que contempla ponerle salarios a los notarios y cónsules del país, que promueve Miguel Fanovich, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), establece que el Ejecutivo incluiría en el presupuesto general del Estado los salarios de estos funcionarios. Propone, además, que el Estado cubriría los gastos de funcionamiento de las notarías.
También modificaría el artículo 10 del Decreto de Gabinete 75 del 11 de julio de 1990, modificado por el artículo 21 de la Ley 36 de 1995, yquedaría así: “las oficinas consulares, como parte de su remuneración, tendrán derecho a un porcentaje de lo que hubieren recaudado mensualmente, en virtud del arancel consular del artículo 425-A del Código Fiscal y del decreto de Gabinete, cuando sea el caso, para sí y para el personal de la oficina consular respectiva. El cónsul tendrá derecho a una participación no mayor al 20% de las sumas que hubieren correspondido al consulado. El porcentaje previsto en este artículo se calculará, únicamente, sobre el saldo que resulte de la totalidad de los recaudos consulares, menos los gastos de funcionamiento debidamente aprobado de la oficina consular respectiva. El saldo restante de los recaudos consulares, ingresará al Tesoro Nacional”.
Actualmente, el porcentaje al que se refiere el artículo llega al 70%.
Por otro lado, el anteproyecto de ley 019, propuesto por el diputado del partido Cambio Democrático Hernán Delgado, propone eliminar la facultad de ordenar detenciones preventivas por parte del Ministerio Público (MP), en los procesos iniciados antes de 2018, y que todavía continúan bajo el sistema inquisitivo mixto.
Afectaría casos
Según la propuesta, las detenciones preventivas tendrían que ser solicitadas a los jueces de garantías. Esto tendría consecuencias para casos como el de Odebrecht, si se le autoriza un nuevo plazo para la investigación y si el anteproyecto de Ley 019 se convierte en ley. Al mismo tiempo, el MP perdería toda la capacidad de ordenar detenciones preventivas.
Sin esta herramienta y con el debilitamiento del personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el panorama se avizora como muy complicado para el Ministerio Público, sobre todo en los casos de alto perfil.
Hernán Delgado fue el mismo diputado que en el periodo legislativo 2009-2014 impulsó la prueba sumaria para poder investigar a los diputados.