La Corte Suprema de Justicia (CSJ) sigue sin definir la inconstitucionalidad o no del proyecto 214 que establece un mecanismo especial de investigación para los diputados, magistrados de la Corte y el presidente de la República; y el proyecto número 10 que regula el cobro de tarifas en los estacionamientos
El proyecto de ley 214 que reforma el Código Procesal Penal sobre los procesos contra el presidente de la República, los magistrados de la Corte y los diputados fue aprobado por insistencia el 29 de octubre de 2015, luego de un veto presidencial que declaró inexequibles e inconvenientes algunos artículos.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, pidió declarar inconstitucional los artículos 1, 5, 10 y 12; que fijan un plazo de cuatro meses para investigar procesos penales contra estos funcionarios. Además, en la propuesta se exige que las denuncias y querellas aporten elementos de convicción que vinculen al funcionario.
Para el mandatario estas disposiciones son discriminatorias, crean privilegios y atentan contra la presunción de inocencia. Para este caso fue designado como ponente el magistrado Oydén Ortega.
En tanto, el proyecto de ley 10 que modifica y adiciona artículos a la Ley 45 de 2007 sobre protección al consumidor y defensa de la competencia, fue aprobado por insistencia por el pleno de la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2015, tras ser vetado por el Ejecutivo. Le correspondió al magistrado Jerónimo Mejía ser el ponente.
El proponente de este proyecto, el diputado Leandro Ávila, dijo que mientras el tiempo transcurre la gente sigue pagando altos costos en estacionamientos.
“Todos los comercios cobran las tarifas que mejor les convengan, a pesar de que la Asamblea interpuso un impulso procesal el proyecto duerme el sueño eterno en la Corte y el magistrado Mejía aún no se pronuncia”, dijo el diputado perredista.