Los proyectos residenciales con viviendas entre $50 mil y el límite de los intereses preferenciales (actualmente en $120,000) estarán exceptuados de tener soterrada toda la infraestructura y los cables de los servicios públicos.
Así consta en un decreto ejecutivo aprobado en diciembre de 2017 y que introduce nuevas excepciones a una exigencia establecida en 2013, por la que los proyectos nuevos que no fueran de interés social debían tener los cables soterrados.