“Lo que la Corte diga es definitivo y obligatorio”, respondió Samuel Quintero, experto en el sistema penal acusatorio, al referirse a las dos advertencias de inconstitucionalidad contra el artículo 489 del Código Procesal Penal presentadas por la defensa legal del expresidente Ricardo Martinelli para alegar la nulidad de los procesos que se adelantan en su contra.
Quintero recordó que el 4 de abril pasado, la Corte, bajo la ponencia de la magistrada Gisela Agurto (suplente de Oydén Ortega) decretó que el artículo 489 del Código Procesal Penal no es inconstitucional.
Indicó que la Constitución, en el numeral 3 del artículo 206, señala que la Corte tendrá entre sus atribuciones constitucionales: “investigar y procesar a los Diputados”.
Luego de ese fallo, Dimas Guevara y Luis Eduardo Camacho González, abogados de Martinelli, presentaron dos advertencias de inconstitucionalidad contra el citado artículo, porque aducen que contradice la Constitución en materia de separación de funciones que debe tener el Órgano Judicial y el Ministerio Público (MP) que, según ellos, es el facultado exclusivamente por la Carta Magna para realizar investigaciones.
El artículo 489, que desarrolla los procesos contra diputados, señala que “admitida la querella o la denuncia, el pleno designará, en esa misma resolución, a uno de sus miembros para que ejerza las funciones del fiscal de la causa y a otro para que ejerza las funciones del juez de garantías”.
Guevara y Camacho González sostienen que dicho artículo no es viable, ya que los magistrados designados como fiscales y jueces de garantías se convierten en juez y parte, al momento de resolver los procesos.
Camacho González indica que la Corte debe asignar a la procuradora de la Nación o a un agente del MP para que se encargue de las investigaciones contra diputados.