La Asamblea Nacional de Venezuela seguirá funcionando aunque el Gobierno le suspenda la entrega de recursos en un intento por “liquidar” al Órgano Legislativo, anunció ayer su presidente, Henry Ramos Allup.
“El Gobierno está aprovechando cualquier cosa que haga la Asamblea en cumplimento de nuestros deberes constitucionales para agarrase de ahí y decir que no nos reconoce... El Gobierno quiere neutralizar o liquidar al único poder que no controla ni va a controlar”, aseguró el diputado opositor.
“Así nos corte el agua, nos corte la luz, no nos mande dinero, esta Asamblea va a seguir funcionando”, advirtió Ramos Allup al responder a la amenaza que el presidente Nicolás Maduro realizó la víspera, cuando anunció que solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una consulta para suspender el envío de recursos al Congreso en rechazo por la acción que tomó la semana pasada la mayoría opositora de incorporar a tres diputados del estado Amazonas que fueron suspendidos por el máximo órgano de justicia.
El diputado agregó que la Tesorería Nacional tiene dos meses de atraso en el pago de la guardería y comida de unos 350 niños, que son hijos de los empleados del Congreso, y que el Gobierno solo cancela de forma directa los sueldos de los trabajadores. Agregó que desde que llegaron allí no han recibido nada y aun así continúan trabajando por el país.
La Asamblea no tiene fuentes de ingresos propias y depende de lo que recibe por la vía de presupuesto nacional que maneja el Ejecutivo.
“Estando esta Asamblea Nacional fuera de la ley, yo como jefe de la hacienda pública nacional no puedo depositar recursos en una Asamblea inexistente”, dijo Maduro el martes por la noche durante su programa de televisión Contacto con Maduro, en el que anunció la consulta al TSJ, y aseguró que pidió la nómina de trabajadores del Congreso para hacer los pagos de salario.
Los diputados del estado Amazonas reincorporados el 28 de julio fueron suspendidos en diciembre de 2015 por el TSJ por supuestas irregularidades en su elección. La reincorporación fue anulada esta semana por el Tribunal que advirtió que “se reservará todas las acciones judiciales a que haya lugar”, para “exigir las responsabilidades respectivas y mantener el orden constitucional”.
La acción de la Asamblea también fue rechazada el pasado sábado por el procurador general, Reinaldo Muñoz, que acusó al legislativo de incurrir en actuaciones “írritas”, y planteó que este se “encuentra ahora ilegal e ilegítimamente constituido”. Muñoz dijo que “es forzoso precaver la nulidad de los actos emanados de su seno como resultado de la ilegalidad en la constitución del Parlamento, afectando incluso la validez de sus convocatorias y cuórum”.
La oposición asumió en enero el control del Congreso que por 17 años fue manejado por el oficialismo, lo que desató un abierto enfrentamiento entre los poderes públicos. En lo que va del año el TSJ ha emitido al menos 18 sentencias contra las leyes y acuerdos aprobados por la mayoría opositora, que han limitado las funciones del Legislativo y lo mantienen cercado legalmente. Figuras vinculadas al oficialismo han planteado la disolución del Congreso, propuesta que no ha prosperado.
“Aquí no hay separación de poderes, lo que hay es la voluntad del Gobierno de desaparecer a un poder de la República. Se niega a aceptar que perdió el control de la Asamblea y usa al TSJ para arrinconarla”, manifestó Cecilia Sosa, expresidenta de la máxima corte.