El Congreso hondureño aprobó un convenio con el fin de instalar una misión de la OEA para luchar contra la corrupción y la impunidad en el país centroamericano, informó ayer el legislativo.
La iniciativa, suscrita entre el gobierno de Juan Orlando Hernández y la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 22 de febrero en Tegucigalpa, para instalar la Misión de Apoyo a la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), fue ratificada por el Congreso este martes.
Fue aprobada pese a dudas planteadas días atrás por algunos diputados del oficialista Partido Nacional (PN, derecha), ya que incluye la extradición de hondureños y asigna inmunidad diplomática a los integrantes de la Maccih.
El organismo, que será dirigido por el abogado peruano Juan Jiménez Mayor, estará integrado por cinco directivos y medio centenar de funcionarios, entre hondureños y extranjeros.
De acuerdo con un comunicado oficial, el convenio establece que la Maccih “actuará con absoluta independencia, objetividad y transparencia, lo que implica libertad política y económica en la toma de decisiones”.
Por su parte, el gobierno “debe asegurar que no haya obstáculos para la investigación y persecución de actos de corrupción”.
El acuerdo para la instalación de la Maccih se gestionó a pedido del presidente Juan Orlando Hernández, junto a jueces, fiscales y la policía local, tras intensas movilizaciones populares el año pasado para exigir una depuración de las instituciones públicas.