La expresidenta argentina y senadora electa por Buenos Aires Cristina Fernández recibió ayer un nuevo golpe judicial luego de que la justicia ratificara su procesamiento y el embargo de 10 mil millones de pesos argentinos (unos $570 millones) sobre sus bienes, por el caso que implica una supuesta asociación ilícita para la adjudicación irregular de la obra pública al empresario Lázaro Báez.
La decisión judicial responde al rechazo de los jueces a tres recursos de queja presentados contra el procesamiento y embargo, informó el diario La Nación. Dos de esos recursos fueron presentados por la defensa de Báez, fundador de la empresa Austral Construcciones, y el tercero lo interpusieron los abogados de Fernández.
En este proceso judicial, también se encuentran procesados el exsecretario de Obras Públicas José López y el exministro de Planificación Julio De Vido, este último detenido el pasado 25 de octubre tras ser desaforado como diputado.