Erika Guevara Rosas y José Miguel Vivanco, directores para las Américas de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, respectivamente, condenaron ayer el uso de tribunales militares para juzgar a civiles en Venezuela, medida que calificaron como una violación a la Constitución y leyes internacionales.
“El uso creciente de tribunales militares para juzgar a civiles demuestra la absoluta determinación de las autoridades venezolanas de asfixiar las crecientes protestas y aterrorizar a cualquier persona que contemple la posibilidad de expresar sus opiniones”, señaló Guevara a través de una nota disponible en su sitio web.
Con esta decisión, añadió, el Gobierno se está alejando aun más de la legalidad, ya que el derecho internacional establece la inadmisibilidad de que se trate a civiles como militares. “Esto atenta totalmente contra el ejercicio de [los] derechos humanos”, alegó.
Vivanco apuntó que se trata de una “maniobra burda” para controlar el resultado de los procesos, lo que además, indicó, va en contra de los estándares básicos internacionales de derechos humanos, reportó Globovisión.
Al calificar como una “barbaridad” el uso de la justicia militar con población civil, Vivanco destacó que esto se produzca “justo después” de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz cuestionó que los partes de detención de la Guardia Nacional Bolivariana no están bien hechos.
Amnistía Internacional señaló que, según datos oficiales, más de 250 personas se encuentran actualmente privadas de su libertad y fueron puestas a la orden de jueces y fiscales militares.
Afirma, además, que todas fueron procesadas por delitos tales como “asociación para rebelión” y “ataque al centinela”, contemplados en la jurisdicción militar.