La Corte Suprema de Justicia no admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Cristóbal Salerno contra el artículo 46 de la Ley 36 del 24 de mayo de 2013, que permite mantener abiertos los casos por blanqueo de capitales y otros delitos hasta que se agote la investigación.
Salerno es investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, por supuestas irregularidades en el cobro de impuestos por la parte de Cobranzas del Istmo.
En una resolución del pasado 5 de abril y bajo la ponencia del magistrado Oydén Ortega Durán, la Corte rechazó el argumento de la defensa de Salerno, que buscaba anular la investigación contra su cliente, ya que según el pleno de la Corte la norma impugnada no afecta un derecho constitucional, toda vez que lo que garantiza es la extensión del término para que una investigación penal se perfeccione.
Además, los magistrados detallan en el fallo que el artículo 46 de la Ley 36 de mayo de 2013 no pone fin al proceso de investigación ni impide su continuación.
Sostienen que se trata de una norma que no incide en la finalización de un proceso.