Rechazan demandas contra magistrado Díaz

Rechazan demandas contra magistrado Díaz
Los magistrados de la Corte concluyeron que no es ilegal la designación de Harry Díaz. LA PRENSA/Archivo.

La Corte Suprema de Justicia declaró que no es ilegal la Resolución No. 64 del 1 de junio de 2011 emitida por la Asamblea Nacional, que ratificó el nombramiento de Harry Díaz como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión de la máxima corporación se produce al resolver dos demandas de inconstitucionalidad presentadas por los abogados Rogelio Cruz y Rosendo Rivera, quienes alegan que la designación de Harry Díaz al cargo de magistrado de la Corte, viola el artículo 203 de la Constitución, ya que dicho funcionario desempeñó el cargo de viceministro de Finanzas el 24 de mayo de 2010.

Según los demandantes, el artículo 203 de la Constitución establece que no podrán ser nombrados magistrados de la Corte quienes estén ejerciendo o hayan ejercido cargo de mando y jurisdicción en el Órgano Ejecutivo durante el período constitucional en curso.

No obstante, en un fallo unánime los magistrados de la Corte determinaron que, “el cargo y posición de viceministro solo ejerce mando y jurisdicción cuando hace o está facultado para hacer las veces de ministro, pues es este último quien es el responsable del departamento ministerial”.

También plantean que el viceministro al “actuar por delegación del ministro, recibe facultades, mas no responsabilidades, pues no se delega la responsabilidad”.

En ese sentido, alegan que el cargo de viceministro de Finanzas no es de aquellos revestidos de mando y jurisdicción dentro del Órgano Ejecutivo, por lo que al haber ocupado de forma temporal el mismo no coloca al magistrado Harry Díaz como transgresor del artículo 203 de la Constitución.

Sostienen que el ciudadano Harry Díaz nunca llegó a ocupar, ni accidental ni temporalmente, el cargo de ministro y que la posición era la de coordinador del Viceministerio de Finanzas.

Contra la designación de Díaz como magistrado de la Corte se han presentado 12 demandas de inconstitucionalidad, siete de ellas contra la resolución de la Asamblea que aprobó su nombramiento, y otras cinco contra la resolución del Consejo de Gabinete que lo nombró.

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