17 DE MARZO
Nuevamente el director de Política Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Pascal Saint Amans, insulta a Panamá. Este señor, que toda su vida ha trabajado para el fisco francés, y antes de ser nombrado en la OCDE era el representante de Francia ante dicho organismo cual virrey de la Nueva Francia y otras antiguas colonias francesas en el Nuevo Continente, en entrevista publicada el 14 de marzo pasado en La Prensa pretende amedrentarnos al decir que “…si Panamá no varía su posición respecto al intercambio automático de información... se expone a que lo escudriñen y a que se instale la sospecha de que de buen grado alberga dinero sucio”.
Tal es la ignorancia y arrogancia de este señor que debe pensar que Panamá fue parte del imperio francés en América y que Francia todavía es un imperio.
Ahora resulta que la reputación que un país irradie hacia terceros ya no será una consecuencia directa y lógica de sus actos, tanto en la esfera nacional como en la internacional, sino dependerá directamente al sometimiento hacia la OCDE. Insiste en tratar de convencernos de que tienen el poder de modificar, no solo las finanzas y la fiscalidad de Panamá, sino también manipular y “escudriñar” nuestra reputación según acatemos o no sus directrices aun en contra de nuestros intereses nacionales.
¿Cuándo van a entender que sus declaraciones y amenazas son una violación flagrante a nuestra soberanía y al derecho internacional público, pues como Estado independiente y soberano, Panamá tiene el legítimo derecho de decidir su forma de gobierno, economía y fiscalidad sin imposiciones, presiones o chantajes de nadie?
Lo señalado por el presidente Juan Carlos Varela en la Asamblea General de las Naciones Unidas de que Panamá implementará su propio modelo para así salvaguardar el interés nacional y sobre todo el derecho a la privacidad, al debido proceso y a la presunción de inocencia, tanto de los panameños como de los extranjeros residentes y usuarios de nuestra plataforma de servicios, es una decisión soberana y tanto a él como a la OCDE no les queda otra que acatar esa decisión, pues ni el presidente Varela ni la Asamblea Nacional tienen que convencer o pedirle permiso a él ni a nadie para aprobar leyes en materia fiscal o financiera en la República de Panamá, pues según el artículo 2 de nuestra Constitución, el poder público solo emana del pueblo y lo ejerce el Estado por medio de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Más de 90 Estados han aceptado el estándar OCDE, grita a los 4 vientos, pero calla sobre los más de 100 que no. Pero incluso si Panamá fuera el último país sin firmar, ningún país ni organismo puede obligarnos a refrendar un convenio o tratado en contra de nuestra voluntad, ya que se estaría violando la Convención de Viena de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados (1969), cuyo artículo 52 declara como nulo “…todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas”, en cumplimiento a la resolución que fuera aprobada en dicha conferencia condenando “solemnemente el recurso a la amenaza o al uso de la presión, en todas sus formas, ya sea militar, política o económica, por un Estado, con el fin de coaccionar a otro Estado para que realice un acto relativo a la celebración de un tratado en violación de los principios de la igualdad soberana de los Estados y de la libertad de consentimiento”; y yo me pregunto: ¿no es eso acaso lo que nos hace la OCDE? De igual forma el acápite (4) del Artículo 2 de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas que consigna, como uno de sus principios fundamentales el que sus países miembros “se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”, nos da suficiente razón jurídica para que empecemos a denunciar a países como Francia, UK y demás países OCDE por violación de estas normas que sí representan normativas de obligatorio cumplimiento.
Afirma que “Los miembros del Foro Global sobre Transparencia… han expresado su decepción con el fracaso de Panamá y esto es también verdad para los miembros del G-20 que han promovido el estándar”, como si este como aquel tuvieran facultades legales para imponer algo a Panamá. El Foro Global no existe jurídicamente en el derecho internacional. No tiene normas claras de aplicación general ni los países tienen un trato igualitario, pues la OCDE es quien controla, administra y designa a las “autoridades” del Foro. Tan es así que el actual presidente del Foro Global, designado de a dedo por la OCDE, es Kosie Louw, quien es el actual director de Legal y de Políticas Tributarias del fisco de Suráfrica.
Al excusarse en que “El mundo ha cambiado radicalmente en materia fiscal…” ignora a propósito el principio universalmente reconocido, y que la OCDE quiere cambiar, de que la fiscalidad es un tema interno de cada país para convertirlo en un tema “internacional”. Y es que la OCDE, so pretexto de la transparencia fiscal, lo que está buscando es convertirse en el cartel de la fiscalidad mundial, muy al estilo de la OPEP con el petróleo y eso única y exclusivamente beneficiaria a los países desarrollados miembros de ese club. Su último comentario define claramente cuál será nuestro destino si nos entregamos a la OCDE, al afirmar que estarían muy contentos en colaborar constructivamente con Panamá y “…ayudar tanto a su poder político como a la comunidad empresarial a entender mejor el nuevo entorno global. La alternativa a esto - una escalada en el conflicto entre Panamá y la comunidad internacional- no interesa a nadie”. Explicaciones sobran. Culmino diciendo, si no nos damos a respetar, nos seguirán irrespetando.