Grupos religiosos emitieron ayer su posición sobre el matrimonio igualitario. Alegan que si Panamá da a los homosexuales el mismo derecho a casarse que actualmente tienen los heterosexuales se pone en “riesgo” la soberanía y la familia.
Esta postura fue presentada por representantes de la Conferencia Episcopal Panameña, la Alianza Evangélica de Panamá y el Comité Ecuménico de Panamá, integrado por iglesias cristianas históricas como la Iglesia episcopal, la Ortodoxa rusa y la griega, entre otras.
Los dirigentes también rechazaron la opinión consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció sobre la identidad de género y la no discriminación de las parejas del mismo sexo.
A su vez se mostraron en contra de los planteamientos emitidos por algunas autoridades sobre que la opinión de la Corte IDH es vinculante para el Estado panameño.
Mediante un comunicado de prensa, los grupos religiosos subrayaron que de adoptarse una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se le está poniendo como un “órgano supremo”, cuando su naturaleza es la de un “órgano subsidiario”.
“El Estado de Panamá se encontraría poniendo en riesgo su soberanía jurídica y sobre todo arrebatándose una facultad de decisión que es única del pueblo que es la fuente de todo poder”, señala la nota.
José Domingo Ulloa, presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, expresó que se trata de una situación de “gran peligro” para la institución de la familia, que podría traer como consecuencia “abstraer” a los padres como los primeros formadores en temas como el valor y la moral.
Además, hicieron un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que defina el tema y a la vez solicitaron a las comunidades cristianas “defender y mantenernos unidos en nuestras convicciones sobre el matrimonio según el derecho natural y la palabra de Dios”.
ABOGAN POR IGUALDAD
Respecto al tema, Iván Chanis, representante de la Fundación Iguales, manifestó que el escenario actual es la coyuntura oportuna para que el tema sea abordado y se reconozcan los derechos humanos de las personas Lgbti (lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex), así como su legítimo derecho a casarse y formar familia.
Desde su punto de vista, “estos derechos no se obtienen ni en votación general, ni en la asamblea”, sino que son inherentes a la persona. “Sería un error que como Estado, Panamá no asuma un diálogo en torno a este tema y se siga postergando”, indicó el activista.
Chanis puntualizó que las opiniones emitidas recientemente por autoridades de alto nivel como la canciller y vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado; así como el procurador de la Administración, Rigoberto González, son “atinadas” y basadas en el derecho humano e internacional.
“Tanto nosotros como ellos [los religiosos] queremos robustecer la familia, entendiendo que los tiempos han evolucionado y que las familias se conforman de maneras distintas”, dijo.
Por su lado, Celia Moreno, psicóloga y miembro de la Red de Derechos Humanos, expresó que Panamá es un Estado laico, es decir, que existe una separación entre Iglesia y Estado.
Así mismo, expresó que el país como firmante de los convenios internacionales que se refieren a la defensa y protección de los derechos humanos está obligado a cumplir con lo que se pacta.
Agregó que el deber de la Iglesia, en el contexto que se debate, es apoyar los derechos humanos en lugar de “llamar a la discriminación, dividir a la población, crear zozobra o un ambiente de caos”.
Mientras, la Cancillería de la República informó que desde ese despacho se cumplió con el deber legal de remitir la opinión de la Corte IDH sobre el matrimonio igualitario a las instancias competentes.
También mencionaron que “la interpretación de la misma y su aplicación en la República de Panamá deben ser analizadas por cada poder del Estado”.