Cerro Chorcha, ubicado entre las inhóspitas montañas de la comarca Ngäbe Buglé y la provincia de Chiriquí, posee majestuosos recursos naturales, además de valiosos yacimientos de oro y cobre.
Por tal razón, en 2006 los ecologistas rechazaron que la entonces gestión gubernamental otorgara, a través del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), una concesión minera a la empresa Cuprum Resources para la explotación de 24 mil 241 hectáreas en esa zona.
Tiempo después, la empresa Dominion Minerals compró los derechos de esta concesión por cuatro años, con derecho a una extensión en el contrato. De hecho, cuando el período vence en marzo de 2010, la minera solicitó la prórroga.
Por otro lado, para esa misma fecha la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia acogió una demanda presentada por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), para que se declare “nulo por ilegal” este contrato de concesión, debido a la falta de consulta pública como establece la Ley 22 de 2006 de Transparencia.
Aparte del tema de participación ciudadana, a la organización ecologista le inquietaba el impacto que la explotación minera generaría sobre este sitio natural.
En medio de ese escenario, un mes después, a través de la resolución 55 de abril de 2010, el MICI declara “reserva minera” las 24 mil 241 hectáreas en el área de cerro Chorcha, lo que implicaba el “rechazo de las solicitudes de concesión y prórrogas” pedidas para este lugar.
Esto motivó que Dominion Minerals emprendiera en 2016 un proceso de arbitraje contra Panamá, para demandar por $268.3 millones, debido a que según ellos ese es el monto de las afectaciones que le ocasionó la cancelación del contrato.
En el informe que presentó la empresa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, con sede en Ginebra, Suiza, se señala que Dominion Minerals “cumplió con todas las normas” y pese a eso no le concedieron la prórroga en la concesión.
Incluso, plantearon que allegados al gobierno pasado (2009-2014) pidieron participación en la concesión para extenderles el contrato.
Justamente en ese período surgió la Ley 30, conocida como “ley chorizo”, que, entre otras cosas, debilitaba las evaluaciones ambientales a proyectos mineros y limita derechos sindicales, lo que causó protestas y muertes en en Bocas del Toro.
Actualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) paga $1.8 millones a una firma de abogados en Estados Unidos para que represente al país en este caso.
Aristides Valdonedo, gerente de Metas del MEF, informó que adquirieron los servicios de la firma estadounidense Hogan Lovells LLP.
Según Valdonedo, la última acción en este arbitraje (el 28 de junio de 2017) fue seleccionar a Alfredo Bullard, de nacionalidad peruana, como presidente del Tribunal de Arbitraje.
“Ahora que se constituyó en propiedad el tribunal arbitral, el demandante tiene 60 días para presentar su memorial de demanda y acompañarlo de las respectivas pruebas”, explicó.
Luisa Araúz, abogada del CIAM, explicó que la Sala Tercera falló a su favor en 2015, tras la demanda de nulidad presentada en 2010. “Esta explotación generaría impactos negativos para cerro Chorcha”, acotó.
Mientras, el exministro del MICI Roberto Henríquez subrayó que actuaron de forma “correcta” al rechazar la prórroga de la concesión.