Quienes denuncien la presunta comisión de delitos contra la administración pública o delitos patrimoniales que afecten al Estado tendrán derecho a que se les reconozca, en efectivo, del 10% al 30% del total de lo que los autoridades recuperen.
Así quedó plasmado en el proyecto de ley 215, que establece medidas de protección y retribución económicas a los ciudadanos que denuncien delitos de corrupción, iniciativa que impulsa el diputado panameñista José Antonio Domínguez.
El proyecto, que será discutido en segundo debate en los próximos días, establece que la recompensa “se hará efectiva cuando los activos recuperados hayan entrado a formar parte efectiva del patrimonio público”.
Así mismo, dispone que el porcentaje a reconocer dependerá de la eficacia de la información. El denunciante, de acuerdo con el documento, gozará de medidas de protección que cubran sus derechos laborales y personales.
Además, deja claro que la persona que denuncie debe presentar pruebas del hecho. Es decir, deberá ofrecer datos certeros y útiles que permitan la identificación de los autores y también deberá colaborar con las autoridades competentes en las etapas del proceso. La iniciativa también establece que la persona que denuncie, informe, alerte o testifique de forma falsa será procesada penalmente.
Del proyecto se desprende, asimismo, que el servidor público que despida, amenace, discrimine o tome represalia contra el testigo o denunciante será sancionado con cinco a ocho años de prisión.
De acuerdo con el proyecto de ley, las denuncias podrán ser presentadas en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en el Ministerio Público o en las gobernaciones.