La Red Derechos Humanos de Panamá realizó una gira de observación a las comunidades afectadas por la hidroeléctrica Barro Blanco, entre la comarca Ngäbe Buglé y la provincia de Chiriquí, donde constató daños ambientales “irreversibles” y “violaciones” a los derechos humanos de esta región.
A raíz de este recorrido, efectuado entre el 12 y el 15 de junio pasado, procedieron a recomendarle a la Defensoría del Pueblo que solicite de manera “urgente” la cancelación del llenado de la represa, que se evalúen los daños ambientales y sociales, y que se reanude el diálogo. A la vez, le sugirieron a esa entidad que le exija a las autoridades competentes una investigación “exhaustiva” de la operación de desalojo realizada por la fuerza pública, que dio como resultado la destrucción de propiedades, detenciones ilegales y bienes extraviados el 23 de mayo.
Además, le solicitan al presidente Juan Carlos Varela que ordene el vaciado del embalse, de conformidad con el acuerdo del 10 de agosto de 2015.
El punto 5 de este acuerdo establece que, “el Gobierno Nacional se compromete a no inundar el embalse ni iniciar operaciones del proyecto Barro Blanco, hasta tanto no se haya alcanzado un acuerdo final entre las partes en conflicto sobre el futuro del mismo”.
Según el defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, “este es un tema al que le tenemos respeto y acogemos las recomendaciones”.
Acotó que cuatro regionales de la Defensoría del Pueblo están pendientes de este tema. “Visitaremos el próximo 9 de julio Barro Blanco”, agregó.
Se intentó obtener una opinión de Cancillería, institución coordinadora de este tema, pero al cierre de la edición no la suministraron.
No obstante, el pasado 29 de junio informaron que se suspendió el llenado de prueba hasta que se llegue a un acuerdo en la mesa de diálogo. Asimismo, revelaron que mañana miércoles se reunirán con representantes de los bancos que financian el proyecto.