Un decreto que firmó en 2010 la entonces contralora Gioconda de Bianchini (fallecida en el año 2016) permitió que los diputados del período 2009-2014 transfirieran millones de dólares a las juntas comunales, fondos que luego fueron utilizados en campañas proselitistas.
Desde 2013, el diario La Prensa describió cómo diputados entablaron una red —con el aval de la Contraloría y a través de las juntas comunales en todo el país— a fin de comprar miles de enseres que entregaron a sus electores, en un intento por asegurar su reelección en mayo de 2014.
Estos hechos motivaron que la Procuraduría General de la Nación iniciara una investigación de oficio y solicitara las auditorías a las juntas comunales, las cuales fueron entregadas el pasado martes por el contralor Federico Humbert.
Dirigentes de la sociedad civil organizada pidieron llegar hasta las últimas consecuencias y que todos los implicados rindan cuentas de los dineros públicos que utilizaron.
UNA RED PARA BUSCAR LA REELECCIÓN
El Decreto 394-2010 que firmó la ya fallecida contralora Gioconda Torres de Bianchini fue la llave que abrió el grifo para el despilfarro de millonarios fondos públicos, que fueron transferidos por los diputados a juntas comunales del país.
Una publicación de este diario el 28 de febrero de 2013 dejó al descubierto ese documento, que nunca se publicó en Gaceta Oficial, a fin de mantener en secreto el modus operandi del que se valieron los diputados del quinquenio 2009-2014 para manejar fondos que no estaban contemplados en el presupuesto general del Estado.
El decreto, firmado por la entonces recién estrenada contralora, revivió las partidas circuitales que habían sido eliminadas en 2001 en la presidencia de Mireya Moscoso (1999-2004).
A pesar de los señalamientos de inconstitucionalidad que en aquel momento rondaron dicho decreto, la norma nunca fue demandada y así los diputados encontraron en apartadas comunidades rurales del país la excusa para solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la transferencia de fondos, que fueron manejados de forma discreta y sin control previo.
Fue así como algunas juntas comunales y municipios de lugares apartados como Playa Leona , el Arado, Bahía Honda, Costa Hermosa, Río de Jesús, Las Huacas, Tortí y El Cacao recibieron millones de dólares gestionados por los diputados —supuestamente— para obras sociales y de infraestructura pública.
Aunque fueron depositarias de muchos millones, la mayoría de estas juntas comunales todavía espera una solución a sus carencias.
Los fondos eran desviados por los diputados a estos apartados lugares para luego gastarlos en sus campañas proselitistas. Así compraron electrodomésticos, bolsas de alimentos y artículos que regalaron a sus electores, en su afán por reelegirse en mayo de 2014. La mitad (39, para ser exactos) lo logró y hoy sigue en su curul.
El Municipio de Río de Jesús resultó ser el más atractivo: los diputados depositaron $8.2 millones. También la Junta Comunal de Playa Leona recibió $6 millones.
En la publicación de este medio, el alcalde de Río de Jesús, Humberto Sánchez, explicó que los diputados le solicitaron ayuda para el manejo de sus partidas, porque era “experto” en elaborar informes que “resistían auditorías”.
Precisamente, los reelectos diputados de Cambio Democrático (CD) Carlos Afú (que manejó $1 millón) y Noriel Salerno ($2 millones) fueron los que más dinero transfirieron a Río de Jesús.
Afú, que es diputado de Las Tablas, y Salerno, de Aguadulce, se reeligieron, pero sus triunfos fueron impugnados por denuncias de —precisamente— hacer campaña con fondos públicos.
El Tribunal Electoral (TE) comprobó que las denuncias eran ciertas y se anularon sus proclamaciones. El TE consideró que Afú violó la libertad y honradez del sufragio popular al tener a su disposición $4.9 millones de fondos estatales para su campaña.
A Salerno, en tanto, se le comprobó que en el período de enero de 2013 a mayo de 2014 recibió dinero público por $1 millón 562 mil 331, lo que influyó en la “compra de electores” en el circuito 2-1 (Aguadulce).
Por estas mismas razones, también se anularon posteriormente las elecciones en los circuitos 4-1 y 9-2, en los que participaron Miguel Fanovich —quien manejó $2.9 millones— y Héctor Aparicio.
Afú, Salerno, Fanovich y Aparicio forman parte de los 71 diputados del quinquenio 2009-2014 que triangularon dinero a través de las juntas comunales y municipios.
El contralor Federico Humbert entregó este martes 186 auditorías a las juntas comunales y municipios, que determinaron el supuesto uso irregular de $247 millones por los diputados del quinquenio anterior.
Según las auditorías, 34 diputados de Cambio Democrático (CD) manejaron $158.8 millones; 7 del Molinera usaron $36.2 millones; a 18 del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se les endosaron $34.7 millones; a 10 del Partido Panameñista les asignaron $17.1 millones y a uno del Partido Popular se le facilitaron $492 mil.
DIPUTADOS REACCIONAN
Los perredistas Leandro Ávila e Iracema de Dale justificaron las actuaciones de la Contraloría, pero evadieron cualquier responsabilidad en los hallazgos de las auditorías.
“Los diputados no somos agentes de manejo y solo tramitamos diversos programas para las comunidades”, señaló Ávila.
El diputado y secretario general del PRD, Pedro Miguel González —que no era diputado en aquella época— manifestó: “espero que se haga una investigación objetiva y sin sesgo político”.
El diputado y jefe de la bancada de Cambio Democrático (CD), Rony Araúz, consideró oportuno que se den los resultados de las auditorías, toda vez que esto permitirá conocer en qué se utilizó este dinero.
El presidente del oficialista Partido Panameñista y diputado, José Luis Varela, quien también se reeligió y gestionó partidas, dijo que espera que las investigaciones se realicen con rapidez para que se identifique quiénes son los responsables y evitar generalizar sobre el tema.
SOCIEDAD CIVIL
Para Lina Vega Abad, presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional, las auditorías aportan información largamente esperada, aunque para algunos casos, como los delitos electorales que se habrían cometido para las elecciones de 2014, llegan tarde. Sin embargo, indicó que quedan aún varias vías para que los implicados rindan cuentas.
Annette Planells, del Movimiento Independiente, señaló que las auditorías son un reto para el Ministerio Público, que deberá invertir recursos humanos y financieros para determinar responsabilidades, entregar a la Corte Suprema los elementos de convicción —si encuentran evidencias contra diputados— y solicitar juicio para los responsables.
En tanto, Juan Diego Vásquez, de la Red de Jóvenes por la Transparencia, opinó que tras estos hallazgos, “los diputados deben tener pena y rendir cuentas al país... La Contraloría debe actuar mediante los tribunales y que se lleve a juicio cuando haya lesión patrimonial”.
