El Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) señaló que en las cárceles panameñas operan “amplias” redes de corrupción; además de una grave situación de hacinamiento y de violencia.
Los señalamientos de la organización se dieron tras evaluar el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Tortura, la cual fue suscrita por el Gobierno panameño en 2011.
El CAT indicó que hay alto índice de violencia y de contrabando de armas en las cárceles de Panamá.
HACINAMIENTO, CORRUPCIÓN Y DISCRIMINACIÓN EN CÁRCELES
Hacinamiento, detenciones arbitrarias, deficientes condiciones del centro de Punta Coco y aumento de violencia por orientación sexual o de género fueron algunas de las observaciones que realizó el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) en relación con las cárceles en Panamá.
En el marco de su sesión 61, celebrada en Ginebra, Suiza, el pasado 3 y 4 de agosto, el organismo evaluó las obligaciones de Panamá en el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a través de un informe periódico enviado por el Gobierno panameño previamente en octubre de 2016.
Por medio de este informe, el CAT hizo observaciones y recomendaciones, que se hicieron públicas el pasado 11 de agosto.
OBSERVACIONES
En primer lugar, el comité consideró que la tipificación del delito de tortura, prevista en el artículo 156A del Código Penal, es “incompleta”, ya que no se incluyen, como requiere la convención, los actos de tortura cometidos por terceros a instigación de un funcionario o con su consentimiento.
Entretanto, pese a que Panamá ha reconocido el alto grado de hacinamiento y las condiciones inadecuadas de reclusión en las cárceles, este sigue siendo uno los principales problemas del sistema penitenciario, según el organismo, que también resaltó las carencias en los servicios de atención médica y la escasez de personal de salud en las prisiones.
Según el documento, la administración penitenciaria no toma suficientemente en consideración las necesidades especiales de las personas con discapacidad y las mujeres privadas de libertad.
Asimismo, da cuenta de la existencia de “amplias” redes de corrupción en el sistema penitenciario.
Otro aspecto que destacó el documento fue el problema de la violencia y del ingreso y contrabando de armas de fuego en las cárceles.
De acuerdo con datos oficiales, 11 de las 127 muertes registradas en los penales desde 2013 hasta la fecha, han sido causadas por armas de fuego.
En cuanto a la cárcel de Punta Coco, ubicada en la isla del Rey, en el archipiélago de Las Perlas, el CAT señaló sus deficientes condiciones, su ubicación remota y la inadecuada atención médica.
Recordó que ante esta situación en Punta Coco, el organismo otorgó medidas cautelares en favor de todas las personas detenidas en ese sitio y solicitó su traslado a otro centro que cumpla con los estándares internacionales para una prisión.
Sobre los hechos cometidos durante la dictadura militar, que comenzó en 1968 y culminó en diciembre de 1989 con la invasión militar de Estados Unidos, el comité indicó que Panamá no proporcionó la información requerida sobre las medidas de reparación e indemnización de las víctimas.
Finalmente, el comité abordó el tema de violencia y detención arbitraria por orientación sexual o de género. Según el organismo, existe en el país un fuerte aumento del número de casos de violencia doméstica denunciados en los últimos años. Además, destacó el reducido número de condenas por feminicidios y violencia sexual en Panamá.
También expresó su preocupación por las denuncias recibidas de personas transgénero, quienes han sido objeto de malos tratos y detención arbitraria por parte de la Policía Nacional.
RECOMENDACIONES
El CAT recomendó a Panamá, entre otras cosas, adoptar medidas efectivas para garantizar que reclusos gocen de todas las salvaguardias legales fundamentales; garantizar que todas las denuncias de tortura sean investigadas de manera pronta e imparcial; redoblar sus esfuerzos para mejorar las condiciones de detención; y reducir la sobrepoblación carcelaria; así como asegurar la aplicación efectiva de las medidas de lucha contra la corrupción en el sistema penitenciario.
Panamá podrá, a más tardar el 11 de agosto de 2018, proporcionar información al CAT sobre el seguimiento dado a estas recomendaciones.
“Acogemos las recomendaciones, entendemos que tenemos falencias como Estado y vamos a trabajar con base en las recomendaciones para mejorar lo que, según el CAT, no estamos haciendo tan bien”, fueron las apreciaciones del director del Sistema Penitenciario, Armando Medina, quien formó parte de la delegación que sustentó el informe periódico durante la reunión del comité, celebrada en Ginebra, Suiza.
