Bajo el resguardo de las fuerzas de seguridad, una multitud de venezolanos se congregaban ayer en las afueras de algunos supermercados de Caracas, horas después de que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ordenara a sus dueños bajar los precios en medio de la mayor crisis de alimentos en el país.
La orden obliga a reducir los precios a los niveles de hace un mes, a pesar de la hiperinflación que azota a la nación petrolera.
En un supermercado ubicado en una exclusiva zona del este de Caracas, cientos de personas, incluidos bebés, jubilados y niños con discapacidad, hicieron filas por horas en las que reinó el caos. “¡Tenemos hambre! ¡Queremos comida!”, gritaban en coro.
“En mi casa no comemos tres veces al día”, dijo Mileidy Acosta, una joven de 28 años con tres hijos. “La gente está aquí molesta. A una persona que gane el sueldo mínimo no le alcanza ni para pagar la salsa de tomate”.
Maduro decretó un alza del salario mínimo, aunque a la tasa del mercado paralelo representa solo dos dólares por mes. La moneda venezolana, el bolívar, se ha debilitado alrededor de un 98% frente al dólar en el último año.
Los precios de los alimentos básicos aumentan casi a diario en un país donde ya muchos tasan en dólares su mercancía, pese a que la población no tiene forma de comprar divisas debido al férreo control de cambio que mantiene el Gobierno.
Con una inflación, que según una medición del Congreso controlado por la oposición llegó a cuatro dígitos en 2017, las filas en los supermercados habían disminuido por lo costoso que resultaban el arroz, la harina de maíz o los huevos.
El presidente Maduro culpa a la oposición, a Estados Unidos y a los empresarios de librar una denominada “guerra económica” contra su gobierno.
Los críticos, en cambio, afirman que la crisis se debe a estrictos controles de divisas y de precios, que están vigentes desde hace más de una década, y a una política económica mal planificada.
“Esto no nos ayuda. Después no surten. Y si no lo surten, comemos solamente estos días. No va a traer más nada”, dijo Edgar Romero, un percusionista, de 45 años, que agregó que inicialmente apoyó a Maduro. “Pero tenemos que comer”, agregó.
Esto se vivió al mismo tiempo que el mandatario venezolano ordenó el cierre por 72 horas de los puntos de intercambio comercial con las vecinas islas de Aruba, Bonaire y Curazao, en medio de lo que calificó de una lucha contra mafias que extraen productos del país sudamericano.
En una transmisión de la televisión estatal en la noche del viernes, el gobernante socialista criticó que los gobiernos insulares no han tomado medidas solicitadas para evitar el contrabando.
El presidente venezolano atribuye buena parte de la escasez de alimentos y medicinas en su país al contrabando de extracción hacia naciones vecinas, ya que “mafias” aprovechan la ventaja cambiaria con la controlada moneda local. En este caso, el bolívar fuerte.