A solo 10 minutos del célebre terreno de Paitilla –que hace dos años fue escenario de un escándalo de corrupción, tras ser cedido gratuitamente a un florista– hay un relleno de fondo marino muy codiciado por desarrolladores inmobiliarios.
Se trata de un solar de 4 mil 318 metros cuadrados, con vista al océano Pacífico. Está situado en Punta Pacífica (corregimiento de San Francisco), y limita con dos fincas que en septiembre pasado expropió el Gobierno alegando “interés social urgente”.
El terreno aludido también está próximo a la playa de Boca la Caja que fue desafectada hace unos meses por el Gobierno a fin de convertirla en bien patrimonial de la Nación y titularla, abriendo así la posibilidad de su venta (ver infografía).
DUEÑO 'RENOMBRADO'
Para desdicha de varios inversionistas que por años hicieron solicitudes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para comprar el relleno de fondo marino –todas ellas archivadas–, hoy el terreno tiene dueño.
A pesar del interés que habían mostrado varios inversionistas en esa finca, el MEF la vendió sin hacer una subasta. El 4 de junio de 2013 la adjudicó de forma directa a la sociedad Adnaloy Ltd., S.A., vinculada al empresario Gabriel Gaby Btesh.
Este empresario inmobiliario tiene peso. Algunas de las fuentes consultadas por este diario expresaban su temor de hablar abiertamente del empresario, dada su cercanía al más poderoso círculo político del país... y también por la notoriedad de los escándalos en lo que ha salido a relucir.
Su nombre, por ejemplo, se mencionó con insistencia detrás de la singular titulación gratuita del terreno de Paitilla, junto al también empresario inmobiliario Felipe Pipo Virzi. Ambos son muy allegados al gobierno de Ricardo Martinelli y han recibido millonarias contrataciones directas.
Y ahora sale a relucir la venta de este terreno –que también es un relleno de mar, como el Paitilla– pero cerca de Punta Pacífica.
En esta ocasión, la operación se consumó luego de que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial –cuyo titular era en ese entonces José Domingo Arias, hoy candidato presidencial por Cambio Democrático– pidiera al Gabinete desafectar el área, en representación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).
El Gabinete aprobó la solicitud el 15 de enero de 2013, alegando uso de dominio público. Así, el relleno se convirtió en una finca patrimonio del Estado y, por ende, susceptible de enajenación.
La resolución en la que el Gabinete desafectó el lote también lleva la firma del entonces ministro Arias, quien un mes después renunció a su cargo para buscar la precandidatura presidencial de su partido, Cambio Democrático.
PAGO 'IRRISORIO'
Por ese relleno de fondo marino –que es vigilado por agentes de la Policía Nacional (ver fotos), Gaby Btesh pagó a unos 525 dólares el metro cuadrado, es decir, compró por poco más de 2.2 millones de dólares los 4 mil 318 metros cuadrados del lote.
Pero empresarios del sector inmobiliario aseguran que el metro cuadrado en esa zona puede alcanzar los 2 mil 500 dólares, lo que significa que la finca que compró Gaby Btesh tendría un valor catastral de, por lo menos, unos 10.8 millones de dólares.
En medio del proceso de revalorización catastral –que por entonces llevaba a cabo el Gobierno–, el jefe del departamento de Avalúos de Inmuebles del MEF, Raúl Lozano, dijo al diario oficialista Panamá América (el 12 de agosto de 2012) que en el sector de Punta Pacífica los rangos de valores de la tierra oscilan entre mil 500 y 3 mil dólares el metro cuadrado.
Lo dicho por Lozano se ajusta a los valores catastrales asignados por el MEF en el área. Por ejemplo, la sociedad Corporación Pacific Place, S.A. es propietaria de un terreno de mil 635 metros cuadrados, adyacente del lote que compró Btesh. Según una certificación de paz y salvo emitida por la Autoridad Nacional de Ingresos –a cargo de Luis Cucalón– el valor del metro cuadrado en dicho terreno fue tasado en 2 mil dólares.
Este medio envió un cuestionario al titular del MEF, Frank De Lima, para conocer su opinión sobre la discrepancia de valores catastrales en esta zona, pero, como de costumbre, no respondió los mensajes.
HUELLAS DE UNA COMPRA
De Lima fue justamente quien firmó por el Estado el contrato de compraventa de este terreno, el 4 de junio de 2013, según el acta refrendada por Julia Correa, notaria duodécima de circuito de Panamá.
La contraparte de De Lima en este contrato fue Tauryn Rodríguez Ruiloba, una joven de 30 años residente en Nuevo Arraiján y que preside Adnaloy Ltd., S.A.
El 16 de agosto de 2013, en una reunión de accionistas de esta sociedad, Tauryn Rodríguez Ruiloba autorizó a Gaby Btesh a celebrar un contrato de préstamo con Capital Bank, Inc., por 2.2 millones de dólares, justo el monto que cobró el Estado por ese relleno. Este medio hizo ingentes esfuerzos para conocer la versión de Btesh, pero fueron infructuosos.
INCONSTITUCIONALIDAD
Para el abogado Juan Carlos Henríquez, experto en el tema, “ningún relleno de fondo de mar debería darse en venta, por un impedimento constitucional”.
El artículo 258 de la Constitución Política de Panamá, establece que “pertenecen al Estado y son de uso público, y por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada, entre otros, el mar territorial, aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos ...”.
Según Henríquez, “los bienes de dominio público creados por la carta política solo pueden ser desafectados a través de una reforma constitucional”.
“Si se hizo a través de otra vía que no fuese la reforma constitucional, claramente se estaría frente a una violación de la Constitución y esa desafectación podría ser impugnada por vía de la acción de inconstitucionalidad”, sostuvo el jurista.
Por su parte, el también abogado Ernesto Cedeño advirtió que “abanicar la idea de vender terrenos rellenados de lecho de mar, por la figura de la desafectación, abre la posibilidad de que en el futuro, con la promulgación de otra resolución de Gabinete, cualquier gobierno pudiera también vender, la plataforma continental, los ríos navegables, el espacio aéreo y demás bienes”.
Por lo pronto, un grupo de vecinos del área de Punta Pacífica se organizan para dar la batalla legal. No están dispuestos a permitir que se construya un nuevo edificio y le obstruyan la vista al mar.