Cuando se votó a favor del juicio político de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff y de su suspensión el mes pasado, su destitución permanente parecía casi segura.
El argumento de Rousseff de que era víctima de un moderno golpe de Estado cayó en oídos sordos en Brasilia, mientras las mayorías de ambas cámaras del Congreso votaban para enseñarle el camino a la puerta. Pero, es más probable que el presidente interino Michel Temer haga más por persuadir a los senadores de reconsiderar su postura sobre Rousseff de lo que ella pudo mientras estaba en el cargo.
Tras una serie de grabaciones filtradas, la abrupta salida de dos ministros, las acusaciones de corrupción contra otros funcionarios interinos y las desconcertantes decisiones de Temer, como integrar su Gabinete con hombres blancos exclusivamente, algunos senadores reconsideran su voto final. “Esto es muy serio”, dijo el senador de la oposición Cristovam Buarque en relación al aluvión de escándalos que agitan al gobierno de Temer. “Tenemos que ser, incluso, más cautelosos con la decisión que tomemos sobre el juicio político de Dilma. Mucho puede suceder antes de que esto termine”.
Buarque votó a favor de procesar a Rousseff, pero dijo que ahora está indeciso sobre su destitución.
El destino de Rousseff será determinado por el juicio que se adelante en el Senado, que podría iniciarse en julio. Para destituirla de forma permanente, se requiere una mayoría de 54 de los 81 senadores. Si ello ocurre, Temer cumplirá con el resto del mandato, hasta 2018.
El senador Acir Gurgacz, quien también votó por el impeachment, es otro de, al menos, media decena de senadores que públicamente han dicho que están reconsiderando su voto final desde que Temer, el vicepresidente de Rousseff convertido en su némesis, ocupó el puesto el 12 de mayo.
“La crisis en el gobierno de Temer influirá en mi opinión y en la de la mayoría”, dijo Gurgacz al diario Folha de S. Paulo, y agregó que de continuar los tropiezos “el marcador podría voltearse”.
No se necesitan muchos senadores para inclinar la balanza. El voto para el juicio político y suspensión de Rousseff fue de 55 contra 22, solo uno más que el mínimo necesario para su destitución permanente.
Rousseff está acusada de utilizar técnicas contables engañosas para administrar el presupuesto federal y esconder grandes déficits. Ella niega haber hecho mal y afirma que el verdadero motivo de su suspensión era detener la investigación sobre sobornos multimillonarios en Petrobras, la petrolera estatal.
Aunque Rousseff ha pagado por ello políticamente, muchos de los crímenes sucedieron durante los 13 años que estuvo en el poder su Partido de los Trabajadores.
Las grabaciones de audio filtradas, que comenzaron a surgir semanas después de que Temer ocupara el poder, han reforzado los argumentos de que el proceso de juicio político contra Rousseff tenía más que ver con Petrobras que con la violación de leyes fiscales.
Bajo la creencia de que no hay soluciones buenas, un grupo cada vez más numeroso de legisladores trabaja para crear una iniciativa de ley para convocar a nuevas elecciones. Para que eso suceda, tanto Rousseff como Temer tendrían que renunciar o ser removidos del puesto.