Desde la primera semana de febrero hasta ayer, la modalidad de protesta más empleada en este período fue el cierre de calle, seguido por concentraciones, marchas y cacerolazos, con la participación de gran cantidad de personas.
Frente a estas acciones, el Gobierno ha respondido con prácticas sistemáticas de represión.
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), seguidas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y policías municipales, fueron los cuerpos de seguridad que más violaron derechos humanos de los manifestantes en estas acciones, que dejaron al menos 20 personas asesinadas, 2 mil 382 heridos y mil 254 detenidos en todo el país.
La anterior es la principal conclusión del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en su informe correspondiente al mes de febrero, y en el cual se analiza la ola de protestas pacíficas realizadas desde el 12 de febrero, principalmente por jóvenes universitarios y activistas de los partidos de oposición, a las que progresivamente se sumaron vecinos.
Estas acciones de calle representan el número más alto registrado en solo un mes en los últimos 10 años, precisa el informe. “Las tensiones y conflictos en Venezuela vienen en aumento de manera sostenida desde el segundo semestre de 2013”.
El informe llama la atención sobre las agresiones de los llamados “colectivos”, grupos paramilitares de civiles armados seguidores del Gobierno, “que actúan con permisividad y complicidad de funcionarios del Estado”, contra los manifestantes.
“Estas acciones fueron ordenadas y respaldadas en público por el mandatario nacional, Nicolás Maduro, así como por gobernadores pertenecientes al partido oficialista, y también por representantes de la Asamblea Nacional (AN), incluyendo a su presidente, Diosdado Cabello”, señala.
El Observatorio ve con preocupación el llamado que hizo el Presidente a los colectivos, consejos comunales y unidades civiles con formación militar para que disuelvan las protestas. “Con esta medida se promueve un enfrentamiento entre la población civil. Consideramos que las medidas adoptadas por el Gobierno venezolano atizan el conflicto e impulsan su escalada”.
Otro aspecto que destaca la ONG como resultante de la represión es el incremento de protestas violentas en las últimas semanas de febrero.
En medio del caos originado en el país, numerosos grupos delictivos realizaron actos vandálicos y desórdenes en establecimientos comerciales. “En los últimos cuatro días del mes, el OVCS registró al menos 10 saqueos y 25 intentos en cuatro estados del país”.
Refiere que desde el inicio de la gestión de Maduro las protestas de calle han sido controladas con el uso desproporcionado y no diferenciado de la fuerza. Principalmente cuando las protestas tienen un contenido político. “Pareciera que la ausencia de liderazgo y capacidad para resolver los conflictos es compensada cada vez más con el uso y presencia de la fuerza militar”.
Los reclamos de los jóvenes estudiantes fueron primero contra la inseguridad y la violencia en las universidades, a los cuales se incorporaron, junto a dirigentes y vecinos, los derechos a la alimentación, participación política, derecho a la vida, a la libertad e integridad personal, libertad de expresión, y finalmente contra el incremento a la represión.
El patrón de represión, según el informe, se caracterizó por “ataques conjuntos de la GNB y colectivos armados; ataques a manifestantes durante la transmisión de cadenas presidenciales de radio y televisión; las razzias más fuertes fueron después de las 6:00 p.m.; uso sistemático de sustancias tóxicas y armas de fuego; prácticas de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes; práctica de torturas y abusos sexuales a manifestantes.