Varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron una serie de “amenazas e intimidación” a las que se han visto expuestos algunos defensores de los derechos “socioambientales” en el país.
En conferencia de prensa realizada ayer, los miembros de la Red de Derechos Humanos de Panamá, la Red Ciudadana Urbana y la Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar hicieron un llamado a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Ambiente para que se pronuncien al respecto.
Como ejemplo de esta situación, recordaron los casos de Ligia Arreaga, quien tuvo que abandonar el país mientras luchaba por la protección del humedal Laguna Matusagaratí, en la provincia de Darién.
También el caso de la activista Larissa Duarte, en Veraguas, quien defiende el río Cobre, así como el de los miembros de la Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar, que enfrentan una demanda civil millonaria por oponerse a la construcción de un edificio que consideran “incumplía” normas urbanas.
Magaly Castillo, de la Red de Derechos Humanos, reclamó a los miembros del Ministerio Público y del Órgano Judicial que actúen de manera “pronta y oportuna” sobre aquellas demandas civiles que se han presentado contra varios activistas.
En tanto, María Chávez, presidenta de la Red Ciudadana Urbana, expresó que “no hay autoridad que defienda los derechos ciudadanos, y somos nosotros los que tenemos que enfrentar al poder político y económico”.
Al respecto, Alfredo Castillero Hoyos, defensor del Pueblo, dijo que “repudia” esta situación y que trabajan en acciones en busca de que esto no llegue a mayores, como en otros países.
Agregó que esta semana se realizará un encuentro con Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos, en el que se abordará este tema.