El Segundo Tribunal Superior revocó dos sobreseimientos –uno provisional y otro definitivo– que había dictado el Juzgado Decimosexto Penal a favor de la exministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) Giselle Burillo, y en consecuencia abrió causa criminal contra ella en esos dos procesos, ambos por la supuesta comisión del delito de peculado.
En fallo del 30 de agosto pasado, bajo la ponencia del magistrado Adolfo Mejía, el Segundo Tribunal revocó el sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado Decimosexto Penal el 21 de noviembre de 2016 a favor de Burillo y de otras seis personas, como parte del proceso relacionado con el alquiler de plantas móviles.
Además, en la misma fecha, aunque con ponencia de la magistrada María de Lourdes Estrada, el tribunal revocó el sobreseimientodefinitivo que había dictado el juzgado el 20 de marzo de 2017 a favor de la exministra y de otras cuatro personas en el proceso sobre el alquiler de vehículos.
PLANTAS MÓVILES
Como se refirió, el 21 de noviembre de 2016 el juez decimosexto penal, Enrique Pérez, concedió un sobreseimiento provisional a favor de Burillo y de los exfuncionarios de la Ampyme David Armando Rivera, Carlos Emilio Aguilar, Pablo Jaramillo, Juventino Iturralde, Carmela Jiménez y Guillermo Ortiz, en el proceso relacionado con un supuesto sobreprecio de $58 mil 472 en contratos para el suministro de servicios de transporte para el movimiento y traslado de plantas móviles en el país.
La investigación se relacionaba con supuestas irregularidades en 38 órdenes de compra giradas entre 2011 y 2012 por $91 mil 913 para el transporte de plantas móviles.
Tras celebrar la audiencia de este caso, el juez Pérez resaltó que el informe de auditoría interna de la Ampyme presentado por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga no era original, sino una copia autenticada.
Pero el Segundo Tribunal concluyó que dicho informe, suscrito por el auditor interno de la Ampyme, José Navarro, fue elaborado con cheques y documentos que reposan dentro de la entidad y que dichas copias fueron enviadas al Banco Nacional de Panamá, por lo que son autenticadas y tienen valor probatorio.
Los magistrados destacaron que hay evidencias obtenidas en una inspección ocular realizada por la fiscalía en el Grupo Orme, S.A., al que supuestamente se le alquilaron los equipos, en la que se determinó que su ubicación era inexacta y que dicha empresa ni siquiera tiene vehículos a su nombre.
El tribunal ordenó abrir causa criminal a Burillo y a los otros exfuncionarios.
ALQUILER DE AUTOS
El otro fallo revocado por los magistrados tiene que ver con la investigación a Burillo por 26 órdenes de compra expedidas entre junio de 2012 y septiembre de 2013, con presuntos sobreprecios para el alquiler de carros.
En este caso, el juez Pérez determinó nula la investigación realizada por la fiscalía, con el argumento de que la fiscalía no solicitó el levantamiento del fuero electoral correspondiente y que la investigación no contenía un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que determinara la presunta lesión patrimonial contra el Estado.
Además, anuló el proceso para los particulares Jigneshkumar Bauhai Rajput, Mónic Jigneshkumar Rajput y Mei Man Chen Kwong.
En ese fallo, el juez también dictó un sobreseimiento definitivo a favor de los exfuncionarios de la Ampyme David Rivera, Carlos Aguilar, Carmela Jiménez y Juventino Iturralde.
Sin embargo, los magistrados determinaron que al momento en que la fiscalía ordenó la indagatoria de Burillo esta no gozaba de ningún fuero electoral.
También señalaron que la ausencia de un informe de auditoría de la Contraloría no era obstáculo para determinar la posible comisión de una contratación irregular.
De hecho, una auditoría interna de la Ampyme reveló que se pagó un precio mayor en el alquiler de autos en comparación con el existente en el mercado local.
Para los magistrados, las pruebas mencionadas en la investigación son “suficientes, válidas y contundentes para acreditar en debida forma el delito denunciado” y por ello no compartieron “la nulidad invocada por el juez Pérez y mucho menos el cierre del sumario”.
Finalmente, los magistrados del Segundo Tribunal abrieron causa criminal en este proceso a Giselle Burillo y a los exfuncionarios de la Ampyme David Rivera, Carlos Aguilar, Carmela Jiménez y Juventino Iturralde.
Asimismo, dictaron un sobreseimiento provisional a favor de los particulares Jigneshkumar Bauhai Rajput, Mónic Jigneshkumar Rajput y Mei Man Chen Kwong, quienes fueron procesados por este caso.