El Consejo de Seguridad del Estado y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) están detrás de un grupo de extranjeros y panameños que tejió todo un entramado para apropiarse de tierras boscosas en Colón.
Desde hace un año, el Consejo de Seguridad Nacional investiga a miembros de esta organización, liderada por los venezolanos Juan Pablo Brons y Andrés Warnken, que lograron titular más de 2 mil 84 hectáreas, de las 2 mil 930 hectáreas boscosas que acapararon.
La razón de la investigación del Consejo de Seguridad es un misterio hasta para el propio administrador de la Anati, Carlos González, quien asegura que fue advertido por esta entidad para verificar las titulaciones entregadas en Coclé del Norte y San José del General, en Colón.
¿Conoce por qué el Consejo de Seguridad investiga a estas personas?, preguntó La Prensa. “No tengo la menor idea. Sé que por irregularidades. Lo único que ellos me dijeron es que investigue, porque se dieron titulaciones fraudulentas y eso es lo que hemos hecho nosotros”, respondió González.
“Entiendo que el Consejo de Seguridad le tiene una investigación abierta a esas familias, pero es que eso llegó por otro tipo de irregularidad y entiendo que el Consejo, investigando, encontró que también había irregularidades en la titulación de tierras” en esa zona, agregó.
González aseguró que a partir de la advertencia del Consejo de Seguridad, ellos iniciaron una investigación de los títulos “que se entregaron de manera fraudulenta, pero lo que ellos tienen o no tienen no es competencia nuestra”.
El funcionario indicó que la investigación de ellos está atrasada porque se realiza en conjunto con el Consejo de Seguridad, ya que “va mucho más allá, porque también se le está haciendo una investigación a las personas”.
Por el momento –dijo– la Anati ha entregado toda la información que las autoridades han solicitado. “Estamos haciendo una medición de toda el área para tener un mapa descrito sobre qué es de Minera Panamá y las que se dieron a las personas”.
Pero, ¿exactamente, qué información es la que están pidiendo?
— Esa información no te la puedo dar, pero, en general, están pidiendo todo sobre el área. [Por ejemplo] como cuántos títulos se dieron, de cuánto terreno estamos hablando, si las personas tenían o no posesión, si los planos fueron aprobados de manera correcta, si era o no área protegida, si el área era concesionaria o no. Todo ese tipo de información, respondió el funcionario.
Las acciones de estas entidades coinciden con investigaciones que este medio inició en 2013, en las que se detectaron que unas 30 personas, todas vinculadas entre sí, y dirigidas por Brons y Warnken, lograron titular una zona boscosa en acelerados procesos en la Anati de Colón.
En la repartición de tierras se observó que Brons administra más de mil 60 hectáreas, a través de la sociedad Imataca, S.A., y de la Fundación Eco2 Panamá.
De esas tierras él, su esposa, Daniella Príncipe, así como su suegra, Libia Fuenmayor –también venezolanas– solicitaron 434.6 hectáreas a la Anati, y se titularon 337.1 hectáreas en procesos muy rápidos. El resto espera firmas en la institución.
A su vez, Warnken ahora es propietario de 726.3 hectáreas, aglutinadas en 21 fincas que están a nombre de la Fundación Ecoclé.
Estas posesiones fueron criticadas por González. “Es mentira –dijo– que alguien tenga posesión sobre 400 hectáreas, eso es imposible. Generalmente nadie tiene posesión de un terreno tan grande. Es más, en nuestras inspecciones comprobamos que no tenían posesión”.
Se preguntó a sí mismo “¿cómo titularon hace dos o tres años y ahora que vamos no hay nadie?”. Esta es una de las razones para revocar los títulos, ya que “no hubo posesión” de la tierra.
REVOCATORIA DE TÍTULOS
Dentro de dos o tres meses, las más de 2 mil 84 hectáreas que fueron entregadas a estas personas retornarían al Estado.
González reveló que, a raíz de las investigaciones, han detectado que se dieron irregularidades en las titulaciones, por lo que “serán revocadas”, y los involucrados serán denunciados penalmente ante el Ministerio Público.
En esas investigaciones –detalló– han descubierto que existen 40 fincas que suman unas 800 hectáreas que “se dieron de manera fraudulenta. Ese es nuestro hallazgo por ahora y que automáticamente hemos iniciado un proceso de revocatoria de la titulación”.
¿Qué significa eso? Se preguntó. “Nosotros –respondió– revocamos y solicitamos al Registro Público que le devuelva esas fincas a la Nación. Ahí hay otro problema, que el Registro los quiera levantar, pero eso es otro tema jurídico, pero ese es un proceso relativamente rápido de dos o tres meses, no debe tomar más”.
Entre los hallazgos, indicó que encontraron que algunos títulos entregados se dieron en el área de concesión de Minera Panamá, “de manera irregular”, y que el exdirector de la regional de Colón Marcos Lim “aprobaba planos en mesas sin ir a campo”.
“Los directores regionales no titulan, pero Lim movía los expedientes para que vinieran encaminados hacia la titulación del área”, denunció.
González adelantó que le faltan 400 expedientes por verificar y 150 solicitudes de titulación, “que también podrían haber venido de manera irregular, porque el director general hacía hasta los planos, entonces, a partir de ahí, venía la irregularidad”.
‘MODUS OPERANDI’
El modus operandi, explicó González, era que Lim, como director de Anati en Colón –que ya fue destituido–, era quien firmaba todas las tramitaciones en la regional, “incluso las que tenía que firmar el sustanciador”.
“También se vio que las solicitudes llegaban en un día, y ese día se pagaban las inspecciones y se hacían las hojas de trámites de las trochas, todo ese tipo de irregularidades se daban. Pero el problema más grande no es cómo se dio la titulación, es que se dio en un terreno que no podía ser adjudicado”, enfatizó el funcionario.
Consideró que han hecho “maravillas” para detectar 800 hectáreas tituladas irregularmente, pero que “no sé cuántas más habrá”.
En julio de 2015, González indicó a este medio que podrían llegar de 2 mil 500 hectáreas a 3 mil 500 hectáreas tituladas irregularmente.
PROCESOS LEGALES
Las titulaciones han entrado en un proceso de revocatoria, adelantó González, para luego iniciar con los procesos penales.
Por el momento no han interpuesto ninguna denuncia, porque “estamos haciendo un acto administrativo, porque si ponemos una denuncia en un juzgado se paraliza el acto de revocatoria”.
De esta manera, explicó que están revocando los títulos de propiedad porque, de lo contrario, “las propiedades siguen en el Registro Público a nombre de las personas a las que se les dio títulos de manera fraudulenta”.
González advirtió que “nos iremos contra los funcionarios y las personas [que titularon de forma irregular], pero lo primero es tratar de recuperar la tierra”.
¿Han detectado si algún otro funcionario o exfuncionario estaba involucrado en esto?
— Sí, dijo.
¿Qué ha pasado con ellos?
— Yo lo he detectado de oficio, pero hasta que en el expediente no se determine que eran responsables, yo no puedo hacer nada. No obstante, dijo que se ha identificado la participación de seis funcionarios, dos destituidos y tres bajo investigación.
Otro que será mencionado en la denuncia, según González, será el exadministrador de Anati Franklin Oduber, por haber firmado los títulos.
En cuanto a los traspasos de tierra con apariencia de venta a favor de sociedades y fundaciones, inscritas por los venezolanos Brons y Warnken, González afirmó que “el Estado se tendría que ir contra el tercero de buena fe para poder recuperar la tierra”.
Los venezolanos –por su lado– consideraron que no estaban engañando a nadie al colocar a otras personas como solicitantes y luego traspasar las tierras a sus sociedades.
Cuestionados sobre la cercanía de los terrenos con los de Minera Panamá, Brons salió al paso: “Bueno, tenemos las parcelas del proyecto a más de un kilómetro de distancia”. Pero minutos antes, Warnken mencionó que estaban cerca de la planta de tratamiento de la mina.
Aseguran que “ellos [los trabajadores de Minera Panamá] nunca nos han abordado ni nosotros a ellos” para negociar tierras.
Como negocio, aseguran que ya tienen personas interesadas en comprar los bonos de CO2, los cuales dicen que colocarán en enero de 2017.
“Uno trata de hacer algo positivo, no te voy a decir que solo positivo para Panamá y el medioambiente, porque no hay nadie en la vida, todos buscamos una rentabilidad, sino sería un hipócrita”, dijo Warken.
González aseguró que en la Anati “no tenemos un inventario de titulación. Aquí no dejaron nada. Esto ha sido uno por uno [revisar] los expedientes, al ojo. Y esto hace que la investigación sea complicadísima”, pues la pasada administración entregó 80 mil títulos de propiedad.
El director de Anati dijo desconocer cuándo terminarán de revisar todos los expedientes, ya que “en el camino podemos ir descubriendo y descubriendo y esto podría ser una caja de Pandora de nunca acabar”.