El pleno del Senado brasileño aprobó la madrugada de ayer, por mayoría de 59 votos contra 21, someter a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, quien con eso quedó formalmente acusada de maquillar las cuentas públicas y autorizar gastos sin aval del Congreso.
Los partidarios de sacarla del poder ganaron adeptos, ya que en la votación para su separación hasta por 180 días, en mayo pasado, fueron 55 votos a favor.
De los 47 diputados que hablaron en la sesión, de unas 15 horas, 30 avalaron enjuiciar a Rousseff y 17 lo rechazaron, reportó el diario El País, según el cual la fecha del juicio final será fijada por la Corte Suprema.
Según el diario O Globo, corresponde ahora a los fiscales preparar la acusación para el juicio final, lo cual harían ayer. Incluso se dijo que la fecha probable del juicio en el Senado es entre el 25 y el 29 de este mes.
Si dos tercios del pleno (54 de 81) votan por el juicio político, como se prevé, Rousseff deberá dejar el poder definitivamente y con ella el Partido de los Trabajadores (PT), luego de 13 años en el poder.
En ese caso, Michel Temer, que asumió la Presidencia de manera interina y a quien la mandataria acusa de traicionarla y darle un “golpe legislativo”, terminará su mandato, en 2018.
“La verdad es que Dilma necesitaría un milagro para que eso no ocurra. Yo diría que la mayor sorpresa sería que consiguiera revertir el proceso. Hoy eso no se ve posible”, declaró el analista Everaldo Moraes, de la Universidad de Brasilia. “Hasta sus propios aliados lo perciben, saben que el proceso se volvió irreversible”, alegó.
Las sesiones para la fase final del proceso comenzarán unos días después del cierre de los Juegos Olímpicos de Río 2016, que el antecesor de Rousseff y su padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, batalló para llevar a Brasil en 2009. Eran años cuando la economía del país florecía.
Hoy, el panorama es otro: la mayor economía de América Latina está en recesión desde 2015; el desempleo sube y la confianza en Brasil se esfumó de la mano de una crisis política profundizada por escándalos de corrupción. El mayor de todos es la trama de desvío de dinero en la estatal Petrobras, que le costó más de $2 mil millones a la compañía y enlodó a buena parte de la élite política y empresarial del país.
El PT, que llegó al poder en 2003 de la mano de Lula, está entre los más golpeados por las revelaciones y el propio expresidente será enjuiciado por supuestamente intentar obstruir la investigación. Si bien Rousseff no está acusada de corrupción, el caso ayudó a hundirla a ella y a su gobierno.
“Es casi imposible, muy baja la posibilidad de que Rousseff vuelva. Y creo que ella lo sabe”, apuntó Sergio Praça, analista de la Fundación Getulio Vargas.
Rousseff “cometió todos los tipos de errores que un presidente puede cometer, como no cumplir las promesas de campaña, no dar suficiente atención a su coalición, ignorar a su propio partido, no oír a nadie”, dijo. “Fue una presidenta autoritaria en el trato con sus colegas políticos. Todo esto es fruto de lo que hizo y en cierta medida de la Operación Lava Jato. Aun cuando el juicio político es por asuntos fiscales, está claro que todo lo otro, incluida la situación económica, acabó ayudando a profundizar esta crisis”, explicó el analista.
Los casos de corrupción y el deterioro de la economía, que llevó a Rousseff a promover recortes en el gasto público desde inicios de su segundo mandato, también alejaron a parte de sus simpatizantes, que denuncian un golpe y cuestionan la legitimidad de Temer, del PMDB, partido de centroderecha que tiene a muchos de sus miembros acusados o investigados por corrupción.
“Esto ya no se revertirá y la izquierda tendrá que resistir al golpe... pero también mirar al futuro para buscar nuevos cuadros, organizarse y adaptarse. Y eso incluye una autocrítica por los casos de corrupción”, comentó el profesor Eduardo Pereira, que el martes protestó contra Temer en Sao Paulo.
Desde la residencia presidencial, donde permanece, Rousseff ha dicho que publicará una “carta al pueblo”, en la que se comprometerá a convocar un plebiscito para que los ciudadanos decidan si quieren adelantar elecciones en caso de que consiga derrotar al juicio político. La idea no es compartida por la cúpula del PT.
Lula viajó a Brasilia para afinar los detalles de la carta, pero Sergio Praça considera que su efecto será nulo. “Ninguno. Ni siquiera parece que el PT va a apoyar eso”.
“Esto no es una situación fácil”, dijo José Eduardo Cardozo, exsecretario de Justicia en el gobierno de Rousseff y quien está a cargo de su defensa, al portal noticioso local G1 .
Cardozo expresó que aún hay esperanzas, que evaluaría sus opciones de apelación ante la Corte y que varios senadores que votaron a favor de enjuiciar a Rousseff podrían estar reacios a tomar el paso decisivo de destituirla. “De esta manera, la votación final no está ligada al resultado de hoy”, arguyó.
En un giro de última hora, el PT publicó en su sitio web que tres de sus diputados y un senador solicitaron medidas cautelares y denunciaron violaciones del debido proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Piden reinstalar a Rousseff, suspender el proceso hasta que la CIDH dirima su petición, o frenar el trámite del Senado hasta que se demuestre que cumplirá las garantías constitucionales.
La CIDH dijo desconocer la persona natural o jurídica que pidió las medidas.
(Con información de AP y AFP)