La empresa internacional SAP alcanzó un acuerdo para pagar $3.9 millones a la Comisión Nacional de Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), luego de que uno de sus exejecutivos fuera condenado a 22 meses de prisión por sobornar a funcionarios panameños para obtener contratos.
De acuerdo con la agencia noticiosa Reuters, SAP firmó el acuerdo para llegar a un arreglo sobre los cargos civiles imputados a Vicente García, el exejecutivo que se declaró culpable de sobornar a funcionarios de Panamá, a fin de lograr contratos millonarios para el suministro de software.
En 2012, SAP vendió a Advanced Consulting Panamá, S.A., licencias de software y esta última empresa logró un contrato con la Caja de Seguro Social por la venta de ese producto tecnológico por $2.1 millones.
De acuerdo con la agencia, la SEC comunicó el 1 de este mes que los controles internos deficientes de la empresa SAP permitieron que García, quien en ese entonces era vicepresidente de ventas estratégicas globales para Latinoamérica, pagara $145 mil en sobornos a funcionarios panameños de alto nivel y, además, ofreciera sobornos a otros dos a cambio de firmar contratos con la empresa.
El pacto obliga ahora a SAP a pagar $3.7 millones de sus ganancias y $189 mil en concepto de intereses, “por haber infringido las normas de la ley federal que prohíbe prácticas de corrupción internacional que, entre otras cosas, no permite a los particulares ofrecer sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros”.
INVESTIGACIÓN LOCAL
En Panamá, la Fiscalía Sexta Anticorrupción adelanta una investigación a partir de las revelaciones de García.
En días pasados, la instancia del Ministerio Público solicitó una prórroga para continuar el proceso, ya que está a la espera de información que solicitó a autoridades judiciales de Estados Unidos (EU) y México sobre el caso.
El fiscal Aurelio Vásquez, a cargo de las pesquisas, pidió a EU copia del proceso seguido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y copia del fallo condenatorio aplicado a García.
Mientras que la asistencia judicial pedida a México busca esclarecer la posible vinculación del exadministrador de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental, Eduardo Jaén, con la transacción comercial investigada.