Lo sucedido en Panamá, con la disposición del Ministerio Público de archivar el caso de la demanda presentada por Corporación La Prensa, a raíz de que el de 2 de agosto de 2012 trabajadores de la empresa Transcaribe Trading, S.A. (TCT) sitiaran sus instalaciones para impedir la circulación de los periódicos La Prensa y Mi Diario, constituye un antecedente desalentador para la vigencia de las libertades de expresión e información en las Américas.
Así lo declaró Jaime Mantilla, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reunida en Puebla, México, con la asistencia de más de 300 delegados que analizan aquí la situación de la prensa en el continente.
Lo visto en Panamá, con relación a este caso, dijo Mantilla, “va en contra de la libertad de expresión y envía el mensaje de que los periódicos pueden ser objeto de ataques de esta y otra naturaleza. Y sobre todo, representa un ataque al derecho de la sociedad a ser informada acerca de asuntos de interés público, lo que también agrede el ejercicio del periodismo independiente”.
La Personería Cuarta Municipal solicitó el pasado 28 de febrero al Juzgado Segundo Municipal el cierre definitivo del proceso seguido a los trabajadores de TCT, lo que ha generado el repudio no solo de gremios periodísticos locales, sino también de la comunidad empresarial.
Irvin Halman, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, aseguró que fueron evidentes las afectaciones producidas por el bloqueo a Corprensa.