Desde 2015, Panamá creó un nuevo marco legal para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, modificó el régimen de acciones al portador y creó la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.
Sin embargo, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) alerta sobre vulnerabilidades del marco regulatorio de Panamá ante los continuos escándalos vinculados al país, entre las que menciona la investigación global sobre las actividades de la firma Mossack Fonseca y la inclusión de Abdul y Nidal Waked, así como de todas sus empresas, en la “lista Clinton” de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico. S&P indicó en un reciente informe que otro escándalo de este tipo podría provocar una baja en la calificación de riesgo del país y de los bancos.