En los primeros 15 meses de implementación del sistema penal acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial, que comprende las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, y las comarcas Guna Yala y Emberá Wounaan, se hicieron 47 mil 959 audiencias.
Según estadísticas del Órgano Judicial, 36 mil 804 de esas audiencias corresponden a las efectuados por los jueces de garantías, quienes son los encargados de validar las actuaciones del Ministerio Público, ya sea para legalizar detenciones y pruebas o para la aplicación de medidas cautelares.
De ese total de audiencias, solo 107 corresponden a juicios orales, etapa final del proceso.
En 66 de esas diligencias judiciales hubo condenas, 36 culminaron con una absolución y otras 5 con una decisión mixta.
Mientras que en el Tribunal Superior de Apelaciones se evacuaron mil 186 audiencias.
La provincia de Panamá es la que registra el mayor número de audiencias: 17 mil 447 .
El análisis
Delia de Castro, coordinadora del SPA en el Ministerio Público, estimó que los números demuestran un buen desarrollo del sistema en el Primer Distrito Judicial.
Castro dijo, además, que esta cifra demuestra un aumento de la litigiosidad, pero añadió que con el SPA no todos los casos necesariamente deben llegar a la fase de audiencia, ya que se pueden buscar métodos alternos para la solución de conflictos, como la mediación y los acuerdos de pena, en los que las partes alcanzan una salida antes de llegar a juicio
En este sentido, explicó que la sociedad está acostumbrada a que se imponga una pena de prisión, pero advirtió que con las medidas alternas no siempre se llega a esa etapa.
También reconoció que en Darién, por ser un área de difícil acceso, han tenido dificultades con el sistema.
Así mismo, reconoció que el SPA ha acortado “signficativamente” el tiempo de tramitación de los procesos.
Calculó que en el Primer Distrito Judicial, esta cifra puede estar en un promedio de 46 días, mientras que en el sistema inquisitivo el período de tiempo hubiese sido de 296 días.
El SPA entró en vigencia en el área judicial más grande del país el 2 de septiembre de 2016, luego de que se implementara en el resto del país.