La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia condenó al Estado al pago de $50 mil por los daños morales causados por el Ministerio Público (MP) al ciudadano Irving Rodríguez Molina, por “el mal funcionamiento de los servicios públicos”, lo que provocó que permaneciera detenido por más de dos años, luego que su proceso por los delitos contra la fe pública y el patrimonio económico fuera declarado prescrito.
La sala tercera ventila demandas
La información, contenida en una nota de prensa del Órgano Judicial, señala que se trata de la primera condena aplicada al Ministerio Público por una deficiente prestación del servicio público.
El fallo, que tuvo como ponente al magistrado Abel Zamorano –y con fecha del 31 de julio de 2019–, responsabilizó al MP, específicamente a la Fiscalía Decimocuarta de Circuito, por la prestación defectuosa del servicio público de administración de justicia, ya que omitió solicitarle a la Dirección del Centro Penitenciario La Joyita, que filiara a Rodríguez –a órdenes del Juzgado Decimoquinto Penal– al remitir el expediente con la vista fiscal en la que pedía la prescripción del caso el 30 de julio de 2009.
El juzgado, mediante una decisión del 25 de agosto de 2009, declaró prescrita la acción penal seguida a Rodríguez y a otras personas.
De acuerdo con el fallo de la Sala Tercera, la conducta de la fiscalía de no enviar la filiación del procesado, sino hasta el 8 de febrero de 2012, produjo que Rodríguez estuviese detenido injustificadamente a pesar de que tenía derecho a su libertad.
En este caso el afectado también solicitó una indemnización por los daños materiales causados por el tiempo permanecido en prisión, pero estos no fueron debidamente probados por los abogados del detenido, señala el fallo, de acuerdo con la información de prensa.