La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió provisionalmente los efectos de dos artículos del Decreto Ejecutivo No. 99 de 2017, emitido por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), sobre ordenamiento territorial y desarrollo urbano en el país.
Con esta decisión, la Sala Tercera admitió una demanda de nulidad interpuesta por el alcalde del distrito de Panamá, José Isabel Blandón, por considerar que el decreto faculta al Miviot en materia de ordenamiento territorial, que es competencia de los gobiernos locales.
Uno de los artículos demandados por Blandón –y suspendidos temporalmente– es el número 1, que establece la creación de la Unidad Administrativa de Planificación y Ordenamiento Territorial, cuyo funcionamiento debe contar con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas.
Asimismo, el artículo establece que los planes locales de ordenamiento territorial –los que elaboran los municipios– deben ser aprobados por el Miviot.
El alcalde también demandó el artículo 5 –y la Sala Tercera lo suspendió temporalmente–. Este artículo estipula que todo cambio de zonificación debe ser aprobado por el Viceministerio de Ordenamiento Territorial del Miviot.
Precisamente, estos cambios han generado una gran controversia en los últimos 10 años. Las comunidades los critican porque no se les ha tomado en cuenta y porque, en esencia, causan inundaciones, más tráfico y deslizamientos de tierra.
María Chávez, presidenta de la Red Ciudadana Urbana de Panamá, subrayó que están complacidos con que el Municipio de Panamá “reaccionara a una de las muchas malas decisiones del Miviot, que quería ser juez y parte en los procesos de cambios de uso de suelos”, pese a que esa competencia es de los gobiernos locales, transferida a estos con la ley de descentralización.
“Los ciudadanos buscan unir todos los sectores para hacer una revisión general de la leyes urbanas, porque hasta ahora los planes burlan un adecuado ordenamiento territorial”, dijo Chávez, y lamentó que esas normas no protegen el agua ni el ambiente, sobrecargan las capacidades de infraestructura pública y los funcionarios intentan que empresas y ciudadanos paguen por sus errores, omisiones y desaciertos políticos.
Por su parte, Blandón dijo que el decreto implica un retroceso en la descentralización, pues devuelve al Miviot competencias que la ley de urbanismo y la ley de descentralización dieron a las alcaldías. “La suspensión provisional es una victoria importante para los procesos de ordenamiento que hemos iniciado en la capital”, acotó.
El viceministro de Ordenamiento Territorial, Juan Manuel Vásquez, se limitó a señalar que este debate se sustentará ante las instancias correspondientes.
De hecho, la Sala Tercera debe aún decidir sobre el fondo del recurso de nulidad interpuesto por Blandón.
