El presidente Salvador Sánchez Cerén criticó la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 y otra que modificó las reglas de elección de los diputados suplentes de la Asamblea Legislativa.
“Estas sentencias ignoran o no miden los efectos que pueden tener no solo en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra sociedad, sino que además, no contribuyen a fortalecer la institucionalidad existente”, dijo el mandatario en cadena nacional de radio y televisión.
Al declarar inconstitucional la ley de amnistía, la Sala de lo Constitucional abrió las puertas para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad examinados por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, y a que se inicien procesos penales contra los altos mandos de las fuerzas armadas que participaron en la guerra civil y contra miembros de la excomandancia del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), actualmente en el poder.
El propio Sánchez Cerén podría ser denunciado por haber formado parte de la comandancia general del FMLN durante la guerra de 1980 y 1992, advierten expertos constitucionalistas.
El mandatario también criticó que a partir de las sentencias, con el pretexto de resolver un problema constitucional vinculado con la aprobación de la emisión de títulos valores, los magistrados “aprovecharon la ocasión para modificar las reglas de elección de los diputados suplentes, en rompimiento de la seguridad jurídica y con efectos restrictivos”.
Al fallar en una demanda contra los títulos valores, la Corte dictaminó a la vez que los diputados suplentes de la Asamblea carecen de legitimidad porque no fueron elegidos directamente en los comicios y sentenció que no podrán suplir a diputados propietarios. Advirtió que para que la próxima legislatura pueda contar con diputados suplentes, estos deberán ser elegidos por medio del voto directo en los próximos comicios.
Sobre la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, el presidente afirmó que quienes conducen el actual gobierno siempre han tenido un claro compromiso y acompañamiento con las víctimas del conflicto, y “con edificar una sociedad justa y democrática en que no se repitan las condiciones ni los hechos que llevaron a esas graves violaciones a los derechos humanos”.
Recordó que ha sido en el gobierno del FMLN, que llegó al poder en 2009, cuando se dio inicio al proceso “de reparación a los familiares de las víctimas y a la construcción de una institucionalidad garante del respeto humano”.
En su mensaje, llamó a todos los sectores “comprometidos con la paz, el progreso y la justicia social a asumir esta situación con responsabilidad y madurez en función de los intereses del país.