La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó abrir un juicio por presunto enriquecimiento ilícito contra Elmer Charlaix, quien fuera secretario privado del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009).
“La Corte Suprema de Justicia en pleno estableció que existen indicios suficientes de enriquecimiento del ex secretario privado de la Presidencia de la República, señor Elmer Roberto Charlaix, y ordena se inicie el respectivo juicio (...)”, consignó el tribunal en un comunicado el pasado viernes.
La CSJ se basó en un informe de la Sección de Probidad, que “estableció la existencia de irregularidades e indicios que presumen enriquecimiento ilícito, debido al hallazgo de un monto no justificado de 18 millones 767 mil 445” de dólares en el patrimonio del exfuncionario, resume el comunicado.
En su investigación, la CSJ estableció que, de cuentas bancarias de la Presidencia se libraron cheques a nombre de personas naturales y jurídicas, e incluso a nombre del partido Arena, “los cuales en su mayoría eran depositados en cuentas personales del señor Charlaix”. El partido que llevó a Saca al poder recibió de las cuentas de Charlaix ocho cheques por un monto de 400 mil dólares, según información del diario elfaro.net.
Charlaix dijo a Probidad que la cuenta (Banco Cuscatlán) fue inaugurada para ser la cuenta operativa de campaña del partido. Pero en una consulta de Probidad, Arena respondió que desconocía “totalmente de la apertura de la cuenta”.
El juicio, que deberá ventilarse en la Cámara Primero de lo Civil, incluye además la inmovilización de cuentas bancarias del imputado, hacer un inventario de bienes inmuebles, y la restricción de transferencia de propiedad de una serie de acciones en distintas sociedades.
En su defensa, Charlaix alegó–según la CSJ– que los depósitos en las cuentas particulares provenientes de fondos públicos se realizaron al amparo de un acuerdo emitido por Saca en el que lo nombraba “colaborador del Presidente de la República, para el manejo de los gastos reservados y secretos” que abarcan todas las actividades de la inteligencia del Estado.
La CSJ no encontró copia del acuerdo de Saca en la Presidencia ni su publicación en el diario oficial del país.
El exsecretario apeló a su derecho de “guardar secreto” que opera para los colaboradores designados para el manejo de los gastos reservados porque el uso de los fondos “se constituyen como secreto de Estado y que sus actuaciones fueron constitucionalmente válidas”.
El sistema judicial salvadoreño mantiene abiertos juicios por presunto enriquecimiento ilícito contra el expresidente Saca por poco más de 4 millones de dólares, así como contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), por 728 mil dólares.