El Segundo Tribunal de Justicia negó un incidente de controversia presentado por la defensa del expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros Riccardo Francolini, contra la investigación que adelanta la Fiscalía Especial Anticorrupción por el pago de coimas a través de Odebrecht.
En un fallo con fecha del 13 de diciembre de 2018, bajo la ponencia de la magistrada María de Lourdes Estrada, el tribunal declaró improcedente el incidente presentado por Francolini, en el que alega que la fiscalía le violó el debido proceso al no suministrarle copias de varios tomos del expediente de Odebrecht.
La magistrada justificó su decisión en que los incidentes de controversia no son apelables cuando han sido negados en primera instancia por el juzgado correspondiente.
Este incidente había sido negado en octubre de 2018, en primera instancia, por el juez decimosegundo penal, Óscar Carrasquilla.
Para sustentar su argumento, la magistrada alude a jurisprudencia que ha dictado la Corte Suprema de Justicia a través de sus fallos.
Cita un fallo del 4 de enero de 2016, proferido por la Sala Penal, y otro del 12 de junio de 2017, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia, en el que se declaró que no cabe interposición de recurso cuando los incidentes de controversia no son admitidos en primera instancia.
Lo que dijo el Juzgado
Cuando el juez Carrasquilla negó el incidente de controversia de la defensa de Francolini, en octubre del año pasado, señaló que el recurso no atacaba ninguna disposición proferida por la Fiscalía Especial Anticorrupción, obviando el requerimiento exigido por la normativa judicial para la presentación de un recurso de controversia.
La vinculación
La Fiscalía Especial Anticorrupción señala a Francolini como uno de los beneficiarios finales de las coimas pagadas por Odebrecht.
La agencia de instrucción sustenta su tesis en el acuerdo de colaboración homologado en noviembre de 2017 por el juzgado Decimosegundo Penal, en el que André Campos Rabello –principal ejecutivo de Odebrecht en Panamá– confesó que la constructora brasileña hizo pagos por $1.6 millones a Riccardo Francolini durante el gobierno de Ricardo Martinelli, entre 2009 y 2014.
Francolini, cuya defensa legal ha negado categóricamente su vinculación con la investigación, goza desde mayo de 2017 de una fianza para no ser detenido por este proceso.