Con más de 60 millones de dólares se habrían beneficiado cuatro sociedades vinculadas con el empresario Roberto Carretero, que vendieron municiones, granadas lacrimógenas, armamentos y uniformes para cuerpos de seguridad del Estado.
Los fondos fueron destinados principalmente por los ministerios de Seguridad Pública y de la Presidencia.
Bajo la condición de “Seguridad ciudadana, Presidencial y del Estado”, se autorizaron a estos ministerios para realizar contratos directos con estas sociedades.
También se giraron cheques por montos millonarios del Programa de Ayuda Nacional (PAN) a favor de las sociedades de Carretero y de su primo hermano Félix Fallabella. Una de las compras más cuestionada fue por $15 millones, realizada por el entonces ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez.
Carretero está en una celda preventiva de la Dirección de Investigación Judicial, por estar presuntamente vinculado con la venta de bolsas de comida al PAN con supuestos sobrecostos.
El despliegue de armas de la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad no fue solo en apariencia. Ahora comienzan a ser conocidas las operaciones mediante las cuales el pasado gobierno adquirió armas y uniformes y las sorpresas no son pocas. Y es que la seguridad nacional parece haber sido una excusa para beneficiar a empresarios vinculados a un mismo grupo comercial que logró la friolera de más de 60 millones de dólares en contratos.
Se trata de cuatro sociedades: Ultratech International Enterprises, S.A.; Mil- Spec International; International Munitions & Explosives y Max Gear, Inc., todas vinculadas al empresario Roberto Carretero, detenido por supuestos sobrecostos, no en armas –al menos en esta ocasión– sino por la venta de bolsas con comida al Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Carretero –junto a su primo hermano Félix Fallabella– vendió fusiles, granadas, uniformes, entre otros artículos, al Ministerio de Seguridad y también a la Policía Nacional durante la pasada administración.
Estas empresas lograron grandes beneficios al convertirse en unas de las mayores proveedoras de equipos para la seguridad nacional. Un negocio redondo, tomando en cuenta que en muchos casos recibían entre el 40% y el 60% de anticipo por sus ventas, como se observa en los contratos e informes de la Contraloría General.
Tal era el éxito en sus ventas que otras sociedades, como Mil-Spec International, modificaron en el Registro Público –en julio de 2013– su razón social para poder adquirir y vender armas, municiones y explosivos. El mismo trámite se realizó en la sociedad Max Gear Inc.
Uno de los suscriptores de esta sociedad es Edwin Pittí, que aparece en varias sociedades con Carretero y Fallabella. Además, está como suscriptor y agente residente en Max Gear Inc., que obtuvo otros contratos millonarios.
La adquisición de estos equipos ha sido cuestionada por lo que parecen ser sobrecostos –con evidentes precios por encima del valor de mercado–, según empresarios vinculados a la venta de productos similares que prefirieron el anonimato.
Detallan que los uniformes supuestamente provenían de Estados Unidos –como detallan los contratos–, pero en realidad eran de China o países centroamericanos. “Hasta se especuló con los precios unitarios de las armas”, mencionó uno de los empresarios.
Lo contradictorio es que el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional y hasta la Contraloría General hicieron caso omiso a las prohibiciones de la Ley de Contrataciones Públicas sobre favorecer a empresas de un mismo grupo económico.
ARMAMENTO
Bajo la condición de “Seguridad ciudadana, presidencial y del Estado”, se autorizaba a los ministerios de Seguridad y de la Presidencia para realizar contratos directos con estas sociedades.
Una de las compras más criticadas fue la que se hizo por 15 millones de dólares para adquirir 65 mil granadas lacrimógenas y sus lanzadores; 324 mil proyectiles para armas que usan municiones de pimienta; mil luces de bengala; 900 máscaras antigás y 5 mil granadas de humo para la Unidad de Control de Multitudes (UCM) de la Policía.
Cuestionado en su momento, el entonces ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, dijo que la compra fue porque en la UCM no tenía equipos y lo que quedaba solo alcanzaba para unos cuantos días.
Otros equipos adquiridos fueron cordones detonantes. A este artefacto se le incorpora una pequeña cantidad de explosivo y una mecha interna, y se utiliza habitualmente en labores de demolición. Se desconocen los fines que tuvieron estos artículos.
Carretero y Fallabella también se beneficiaron con 1.2 millón de dólares del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a cargo en ese entonces de Guillermo Ferrufino.
Este dinero fue traspasado por Ferrufino al PAN para comprar de forma directa a Ultratech International e International Munitions & Explosives.
Los equipos pagados por el Mides eran para visión nocturna, que serían utilizadas por el Servicio Nacional de Frontera.
