INVESTIGACIÓN

Semana crucial para el proceso sobre los sobornos de Odebrecht

El Ministerio Público apelará el fallo de un juzgado que puso en pausa el caso donde hay 63 imputados por los sobornos.

Semana crucial para el proceso sobre los sobornos de Odebrecht
Semana crucial para el proceso sobre los sobornos de Odebrecht

Hoy vence el plazo para que la Fiscalía Especial Anticorrupción presente el escrito de apelación al fallo del Juzgado Decimosegundo que negó adecuar un nuevo plazo para las pesquisas. El jueves es la audiencia de homologación de acuerdos.

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Advierten intención de encubrir a quienes recibieron coimas de OdebrechtMinisterio Público anuncia apelación contra fallo de jueza suplente en caso Odebrecht

CUENTA REGRESIVA PARA VALIDAD ACUERDOS

La Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga los sobornos que pagó Odebrecht a funcionarios y particulares, presentará hoy, martes 7 de noviembre, el escrito de apelación en contra del fallo del Juzgado Decimosegundo Penal que interrumpió la instrucción del caso.

Así lo informaron a este medio fuentes del Ministerio Público, que recordaron que hoy se vence el plazo para contestar el fallo de la jueza suplente Lania Batista, quien negó una adecuación de los plazos de investigación solicitada por la fiscal Zuleyka Moore, y ordenó remitir la vista fiscal de la investigación para su respectiva calificación.

Batista, quien temporalmente reemplazó al juez Óscar Carrasquilla —actualmente ejerciendo una suplencia en el interior del país—, manifestó en su fallo que el juzgado ya había advertido a Moore que en el momento en que se ordenara la detención de algún imputado, tenía dos meses para remitir la vista fiscal.

El caso concentra la atención pública, dado que el próximo jueves 9 de noviembre, a las 10:00 a.m., se realizará la audiencia de homologación de dos acuerdos que la Fiscalía Especial Anticorrupción ha pactado con ejecutivos de la firma.

Ese día, Moore, en representación del Ministerio Público, pondrá a consideración del juzgado las delaciones de ejecutivos vinculados a la empresa brasileña, diligencias que fueron aportadas en agosto pasado.

La primera es producto de una asistencia judicial que la fiscalía solicitó a Brasil, testimonio que llegó a Panamá el 2 de agosto pasado.

La otra incluye una ampliación de indagatoria que se hizo por videoconferencia, en coordinación con el Consulado de Panamá en Sao Paulo, el 25 de agosto.Uno de esos ejecutivos es Olivio Rodrigues, empresario que junto a Fernando Miglaccio, otro hombre clave de Odebrecht en Panamá, controlaba las sociedades Trident Inter Trading Ltd.,

Innovation Research Engineering and Development y Klienfeld Services, además de la Constructora Internacional del Sur, que habrían servido para distribuir los sobornos.

EL SUSTENTO

La fiscal Moore solicitó la audiencia de homologación el pasado 23 de octubre. En un escrito enviado al Juzgado Decimosegundo Penal, Moore fundamenta su petición en el artículo 24 de la Ley 4 de febrero de 2017, que establece que el Ministerio Público y el imputado, en compañía de su defensor, podrán realizar acuerdos de pena o de colaboración.

En la nota, la fiscal también recuerda que una vez el acuerdo tenga el aval del juez, este procederá a dictar sentencia y, de ser condenado, al imputado se le impondrá una pena que no podrá ser mayor a la acordada ni inferior a una tercera parte de la que le correspondería por el delito atribuido.En este caso, la Fiscalía Especial Anticorrupción investiga la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de servidores públicos.

El Código Penal dispone penas que van de 5 a 12 años de prisión por el delito de blanqueo de capitales, mientras que por corrupción de servidores públicos, las penas oscilan entre dos y cuatro años de prisión.

CONCENTRACIÓN

Distintas organizaciones de la sociedad civil están convocando a la población a una vigilia en la Corte Suprema de Justicia el próximo jueves, paralela a la celebración de la audiencia de homologación.

Este caso, de acuerdo con el Ministerio Público, tiene a 63 personas imputadas y el proceso ha implicado la solicitud de asistencias judiciales a diversos países, entre ellos, Brasil, Suiza, Andorra y Estados Unidos.

Hasta ahora, hay por lo menos 13 acuerdos de pena o de colaboración eficaz, de los cuales 6 están “en desarrollo” y su futuro peligra, luego del fallo de la jueza Batista.

De los siete acuerdos restantes, dos ya están en firme y cinco están pendientes de homologación.


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