Al menos 12 periodistas fueron asesinados en el último semestre, según revela el último informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
“Creo que ha llegado la hora de exigir la imprescriptibilidad de los crímenes contra periodistas. Ha llegado el momento de reclamar a viva voz que los asesinatos de periodistas sean considerados delitos de lesa humanidad”.
La anterior es una de las reflexiones que encabeza el más reciente informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), presentado ayer por su presidente, Claudio Paolillo, en la reunión de medio año del organismo, que se efectúa en Punta Cana, República Dominicana.
Antes, Paolillo destacó que 12 periodistas fueron asesinados durante los últimos seis meses en la región, 4 de ellos en México, 4 en Brasil y el resto en Venezuela, Colombia, El Salvador y Guatemala.
Según Paolillo, estos periodistas fueron víctimas “del crimen organizado, de la corrupción política y de la complicidad, por miedo u omisión, de Estados incapaces de parar esta sangrienta epidemia que todas las semanas, además de tronchar vidas y destrozar a familias enteras, deja a la región mayores dosis de censura y autocensura, y a nuestras sociedades peor informadas sobre los asuntos que son de su interés”.
“¿Qué más podemos hacer para detener esta hemorragia (...) para que los gobiernos dejen de prometernos con voz engolada que la Policía, los fiscales y los jueces harán su trabajo con prontitud y rigurosidad, que se tomarán en serio el combate contra la impunidad y que harán lo que tienen la obligación de hacer para llevar a los criminales ante la justicia?”, se preguntó
Asimismo, resaltó que persisten las amenazas contra los periodistas en la mayoría de los países de la región y citó los casos de El Salvador, Honduras, Perú, República Dominicana, Cuba, Haití y México. En este último, destacó el asesinato de 128 periodistas desde 1987.
Elogió los avances en Argentina, donde el gobierno de Mauricio Macri “cambió el panorama más oscuro del kirchnerismo y dejó de lado la política de agresión contra medios y periodistas”.
Sobre Venezuela, Paolillo hizo referencia al cierre de 3 periódicos y a la crisis que confrontan otros 80 por la falta de papel; y al incumplimiento del mandato de la Corte Interamericana de Justicia para que el gobierno de Nicolás Maduro reinstale la señal y devuelva los equipos confiscados al clausurado canal de televisión RCTV.
Mencionó que en Bolivia seguidores del presidente Evo Morales proponen regular las redes sociales; y las dificultades impuestas por el Ejecutivo para la renovación de licencias a “centenares de radioemisoras”.
En esa misma línea, subrayó las acciones contra la prensa por parte de Rafael Correa, presidente de Ecuador, que ahora buscan abarcar las redes sociales.
“Durante el último semestre, la Superintendencia de la Información y Comunicación y el Consejo de Comunicación de Ecuador, controlados exclusivamente por el poder ejecutivo, impusieron 78 medidas disciplinarias entre multas, rectificaciones, réplicas obligatorias, amonestaciones escritas y otras sanciones, a radios (35 casos), televisión (24) y prensa (18)”, dice el informe.
En lo que toca a Nicaragua, puso de relieve “la censura gubernamental y la publicidad oficial”, que, advirtió, “solo llega –y en abundancia– a medios oficiales”.
ACCESO A INFORMACIÓN
Las dificultades para que los medios accedan a la información pública fue otro aspecto resaltado en el informe de la comisión, que tocó los casos de Barbados, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico y Estados Unidos.
En el plano positivo, resaltó las experiencias de Argentina, donde el Gobierno presentó un proyecto de ley de acceso a la información pública que abarca a los tres poderes del Estado; y de Paraguay, que promulgó una ley de acceso a la información pública en 2014, según la cual a partir de marzo todas las instituciones estatales están obligadas a publicar en un portal información sobre salarios, viajes oficiales, contratos y otros datos no definidos como secretos.
En el ámbito legal, Paolillo destacó las fuertes críticas recibidas por la legislación aprobada en Brasil en 2015, relacionada con el derecho a réplica; y el caso de Canadá, donde “una ley antiterrorista asegura demasiada amplitud a las agencias del Gobierno para compartir información sobre los ciudadanos”.
En relación con las nuevas tecnologías, el informe indica que, si bien “abren un mundo de oportunidades”, también “incorporan problemas nuevos para la libertad de prensa”.
Como en los casos de Chile, donde un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley para establecer el “derecho al olvido digital”; de Colombia, cuya Corte Suprema “abrió una ventana peligrosa en esta materia con una sentencia, según la cual los medios, por sí solos, deberán actualizar la información sobre la situación legal de una persona a medida que cambie su estatus”; y de Estados Unidos, donde “surgió una controversia sobre las órdenes judiciales para facilitar el acceso a los mensajes encriptados en teléfonos inteligentes y la disputa entre dos derechos constitucionales: el que defendía el Gobierno sobre seguridad nacional y la posición de Apple y otras compañías para garantizar el derecho a la privacidad”.
EL ISTMO
Claudio Paolillo también se refirió a Panamá y destacó–en lo negativo–“fallos judiciales adversos contra los diarios La Prensa y Panamá América, [que] constituyen un precedente negativo para la libertad de prensa y desincentivan la investigación periodística sobre asuntos de interés público”.
Asimismo, puso de relieve que “mientras el cuestionable anteproyecto de ley de periodismo que tanto criticamos en pasadas asambleas fue retirado de la Asamblea Nacional, preocupa la discusión de otro sobre reformas electorales que afectaría las libertades de prensa y de empresa”.
Para concluir, citó el caso de República Dominicana, donde el Tribunal Constitucional eliminó parcialmente la criminalización de la difamación de la Ley de Expresión y Pensamiento, y el de su país, Uruguay, donde, según advirtió, el presidente Tabaré Vázquez “apeló a técnicas chavistas y kirchneristas, acusando al periodismo independiente o crítico de haberse transformado en un 'partido de oposición', el vicepresidente Raúl Sendic cargó contra lo que llamó“prensa chatarra”, luego de que el diario El Observador descubriera que había mentido sobre su trayectoria académica al presentarse, durante 30 años, como ‘licenciado en genética humana’, cuando no es licenciado en ninguna cosa, y el gobernante Frente Amplio recurrió a la penosa técnica de considerar que informaciones que al gobierno no le gustan forman parte de un complot para “desestabilizar las instituciones democráticas”.