El Senado de Brasil aplazó para hoy la votación respecto a si destituye permanentemente del cargo a la presidenta suspendida Dilma Rousseff, cuyo segundo mandato debía culminar a fines de 2018.
Ayer, cuando tenía lugar el sexto día del juicio político y las partes presentaron sus alegatos finales, los 81 senadores se anotaron para expresar mensajes cortos sobre sus puntos de vista del caso.
El día anterior, durante 14 horas, Rousseff dio su testimonio y respondió preguntas. Reiteró su inocencia.
Ricardo Lewandowski, magistrado presidente de la Corte Suprema, dijo que después de que todos fueran escuchados, él reanudará la sesión la mañana de hoy, para efectuar la votación final.
DEBATE
Entre lágrimas, gritos y referencias a Dios, el Senado brasileño se adentró en el debate final antes de decidir si destituye a Rousseff , un desenlace que todos dan por sentado en Brasil.
“El proceso de destitución es un remedio constitucional al que necesitamos recurrir cuando la situación se revela especialmente grave”, señaló una de las fiscales de la acusación, Janaina Paschoal. “Fue Dios quien hizo que, en el mismo momento, varias personas percibieran lo que sucedía en el país”, añadió esta abogada en sus argumentos para probar que la primera mujer en presidir Brasil violó la Constitución al manipular las cuentas públicas y que por eso debe dejar el cargo.
Paschoal dijo que la mandataria violó normas administrativas al elaborar el presupuesto nacional. “Esto no se trata de un pequeño problema de contabilidad, se trata de fraude”, alegó. “No es solamente que la presidenta mintió. El fraude fue expresado, el fraude fue documentado”, remarcó.
Al concluir su discurso expresó que el mundo debe saber que no se juzgan solo cuestiones contables sino el daño que le hizo al país. Minutos más tarde, a Paschoal se le salieron las lágrimas y dijo que espera que Rousseff la perdone “por el sufrimiento que le he causado”.
Los senadores de oposición acusaron a Rousseff de saltarse las leyes de disciplina fiscal para ocultar agujeros en el presupuesto federal, y que eso exacerbó una recesión que ha provocado una inflación del 10% y noticias diarias sobre despidos. Le atribuyen la autorización de gastos a espaldas del Congreso y postergar pagos a la banca pública para mejorar las cuentas y seguir financiando programas sociales el año de su reelección y a inicios de 2015.
Rousseff rechaza de plano el argumento, afirma que no había violado ninguna ley y señala que presidentes anteriores emplearon técnicas contables similares. Ha dicho, además, que se vio obligada a tomar duras decisiones presupuestarias ante los menguantes ingresos y a la negativa de sus rivales en el Congreso a trabajar con ella.
“Sé que seré juzgada, pero mi conciencia está limpia. No he cometido delito alguno”, declaró a los senadores.
Pero el abogado defensor de la presidenta, el exministro José Eduardo Cardozo, destacó ayer que una destitución de Dilma Rousseff sería “una pena de muerte política”. “Pido a Dios que, si Dilma es condenada, un nuevo ministro de Justicia tenga la dignidad de pedirle disculpas a ella, si estuviera viva, o a su hija y nietos, si muerta. Que la historia absuelva a Dilma Rousseff si sus excelencias deciden condenarla, pero si quieren hacer justicia a los que sufrieron violencia de Estado, juzguen por la justicia”, clamó.