Senadores de Filipinas abrieron ayer una investigación sobre la muerte de más de mil 700 presuntos distribuidores y consumidores de droga dentro de una operación contra el narcotráfico encabezada por el presidente del país, Rodrigo Duterte.
Varios testigos acusan a algunos policías de asesinar a sospechosos y de estar relacionados con el tráfico ilegal de sustancias.
El gran número de muertes ha alarmado a los grupos defensores de los derechos humanos y la jerarquía de la Iglesia católica, así como a Estados Unidos y expertos en derechos humanos de la ONU, que han advertido al Gobierno filipino que lo podrían considerar responsable.
La senadora Leila de Lima, que preside el comité del Senado que encabeza la pesquisa, dijo estar preocupada por los homicidios generalizados y porque agentes de la ley y vigilantes pueden estar empleando la ofensiva “para cometer crímenes con impunidad”.
Al menos mil 779 sospechosos han muerto, 712 de ellos en choques con la policía y el resto en circunstancias no aclaradas, dijo a los senadores el jefe de la Policía Nacional, Ronald de la Rosa. Añadió que no condonaba las matanzas extrajudiciales. El senador Antonio Trillanes IV, preguntó a de la Rosa por qué la policía no ha podido detener las matanzas cometidas por presuntos autodesignados justicieros, entre ellos pistoleros en moto.