Los senadores brasileños se reunieron para votar ayer si Dilma Rousseff debía ser sometida a un juicio de destitución en la última escala previa a la decisión que a fin de mes podría bajar el telón a más de 13 años de la izquierda en el poder.
Mientras los Juegos Olímpicos de Río-2016 captan la atención de los brasileños, que al igual que el resto de Sudamérica por primera vez pueden ver a la élite del deporte mundial en sus tierras, todos daban ya por descontado que el Senado daría un fuerte respaldo al llamado impeachment contra la primera mujer presidenta de Brasil.
La sesión quedó abierta por la mañana por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, que dirigirá los trabajos.
En horas de la tarde algunos de los senadores del plenario de 81 miembros exponían sus argumentos ante sus pares, en un proceso que resultaba más ágil de lo previsto, porque los legisladores en general utilizaban menos de los 10 minutos asignados.
“Hoy estamos defendiendo la Constitución. Aquéllos que cometen crímenes tienen que ser responsabilizados”, declaró el senador socialdemócrata Aecio Neves, rival de Rousseff en las elecciones de 2014.
“Las condiciones para el alejamiento de Dilma Rousseff están consolidadas”, afirmó. Si la votación aprueba el informe del senador socialdemócrata Antonio Anastasia (PSDB), que recomendó destituir a Rousseff por haber cometido un “atentado contra la Constitución”, la presidenta solo tendrá una última oportunidad para evitar su caída.
En la sesión de ayer martes bastaba que una mayoría simple -mitad de los presentes más uno- apoyara la acusación para que el caso avance a la instancia final de juicio y sentencia.
“Hoy no es un buen día para nuestra democracia”, afirmó en su intervención el senador del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, Paulo Rocha. “Existe una alianza política con olor a golpe”, afirmó. Rousseff, una exguerrillera marxista de 68 años, fue suspendida del cargo el 12 de mayo y desde entonces denuncia a su vice, Michel Temer, que la sucedió provisoriamente, de haber orquestado un “golpe” en su contra.
Por la tarde, unas 250 personas protestaban “contra el golpe” convocados por centrales sindicales en una céntrica avenida de Sao Paulo, donde también ondeaban carteles con la leyenda “¡Fuera Temer!”.
“Estoy aquí contra el golpe, porque este proceso no tiene nada que ver con las cuentas públicas o con corrupción. Era la derecha que quería llegar al poder”, dijo a la AFP Valder Dias, un obrero metalúrgico de 44 años.
Protestas similares fueron convocadas en otras ciudades brasileñas. Acusada de haber violado la Constitución al aprobar gastos sin la venia del Congreso y suscribir decretos para financiar al Tesoro con la banca pública, sobre todo en su campaña de reelección de 2014, Rousseff podría perder su mandato y quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos por ocho años.
“La presidenta está cada vez más aislada, un aislamiento muy acentuado, que se agravó en las últimas semanas y que incluye hasta su propio partido”, dijo a la AFP el senador Aloysio Nunes, del PSDB y líder del frente oficialista de Temer, quien vaticinaba que la votación sería favorable al juicio.
En la otra orilla, la senadora Vanessa Grazziotin, aliada a Rousseff, coincidía: “Lo van a conseguir con bastante facilidad. No tenemos muchas expectativas”, dijo.
A sus 75 años, Temer lidera un frente a favor del juicio político. para asegurarse la presidencia hasta el 31 de diciembre de 2018, cuando debía terminar el mandato de Rousseff. Diez días atrás pidió acelerar el proceso, porque la gente “necesita saber quién es el presidente”. Su plan, dijo, es partir al G20 en China a inicios de setiembre como presidente de los brasileños, sin el adjetivo “interino”.