Un juez condenó a un periodista peruano a 20 meses de prisión y al pago de unos 35 mil dólares, a favor del expresidente Alan García, quien se querelló contra él por difamación, informó la defensa tras apelar la sentencia.
La sentencia recayó sobre Fernando Valencia , exdirector del Diario16, quien fue demandado en marzo de 2013 por el exmandatario a raíz de una portada que le dedicó el periódico con base en unas declaraciones del presidente Ollanta Humala.
“Es un día nefasto para la libertad de expresión y el periodismo, la valoración del juez William Lugo Villafana es contraria a los estándares que ha establecido la justicia respecto al ejercicio de la libertad de expresión y de opinión en un país democrático”, aseguró el defensor Carlos Rivera al concluir la audiencia donde se leyó el fallo.
El abogado calificó como “una decisión arbitraria” la condena del séptimo juzgado penal de Lima.
Según Rivera, el periódico no difamó porque la información supuestamente agraviante se basó en declaraciones públicas a la prensa del presidente Ollanta Humala sobre la gestión de García (2006-2011) en las que comparó con ladrones a los responsables de obras inconclusas de gobiernos anteriores, indicando que debían ir a la cárcel.
“Ladrones a la cárcel y no en el poder” tituló en marzo de 2013 en su portada Diario 16, colocando imágenes de Humala y García cara a cara como simulando un diálogo imaginario.
El Instituto Prensa y Sociedad expresó“su preocupación por esta condena que sienta un mal precedente para la libertad de expresión e información en el país”.
El periódico alegó en su momento que la solicitud judicial se debía a las continuas publicaciones que el diario hacía acerca de los resultados de la investigación de una “megacomisión” que investiga a García por los “narcoindultos” que se podrían haber efectuado en su administración.
El informe de 2015 de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentado este mes, llama la atención sobre el uso de la “legislación penal para enjuiciar a quienes han hecho declaraciones que ofenden a los funcionarios públicos, el uso de declaraciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación por parte de altas autoridades estatales, y el empleo de mecanismos de censura directa e indirecta para condicionar el libre flujo de la información”.