La liberación definitiva de 802 prisioneros por razones políticas en Nicaragua, incluyendo a 162 que están bajo arresto domiciliario, continuaba en vilo, pese a que se esperaba que el gobierno y la oposición firmaran un calendario que permitiera la inminente excarcelación de todos los detenidos.
En un comunicado emitido al finalizar la última sesión de esta semana, el gobierno y la opositora Alianza Cívica anunciaron que acordaron “dar seguimiento al proceso” de liberación de los detenidos, para lo cual solicitaron apoyo al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Sin embargo, aclararon que previamente deberán “conciliar las listas” de prisioneros que manejan el gobierno, la Alianza Cívica y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual se presume que obligará a demorar el proceso más tiempo de lo previsto.
Consultado sobre el tema, el negociador de la oposición, Mario Arana, dijo que su equipo solicitó al gobierno liberar a un primer grupo de presos este fin de semana, “pero ellos nos dijeron que no podían comprometerse”.
En el comunicado, las partes indicaron que mientras se realiza el proceso de liberación, los detenidos pasarán a régimen común y bajo las “reglas establecidas por las Naciones Unidas”, lo que supone que estarán en mejores condiciones carcelarias.
Organismos de derechos humanos han denunciado que muchas de las personas detenidas por participar en protestas contra el gobierno han sido recluidas en celdas de castigo y aislamiento, sin derecho a visitas ni a tomar sol. En algunos casos también se han denunciado torturas físicas y sicológicas.
El comunicado provocó malestar entre familiares de personas detenidas, que aguardaban su pronta liberación.
“Esto es una total burla para las madres, familiares de secuestrados, están jugando con nosotros”, dijo Jackeline Valdivia, madre del estudiante preso Nahiroby Olivas.