El gobierno de Ricardo Martinelli mantiene un hermético silencio sobre los pagos que deben efectuarse a la empresa italiana Finmeccanica por los polémicos contratos que se suscribieron en 2010 para comprar radares, helicópteros y un mapa digital por la suma de 250 millones de dólares.
Los ministros de Economía y Finanzas (MEF) y de Seguridad Publica, Frank De Lima y José Raúl Mulino, respectivamente, se han negado a contestar una serie de cuestionarios que les ha enviado este diario, invocando la Ley de Transparencia de enero de 2002, para conocer detalles de este tema.
En dichos cuestionarios se les solicitaba a De Lima y a Mulino información sobre la forma en la que el gobierno debe pagarle este año al conglomerado italiano, así como las fechas de despacho de estos bienes.
Sin embargo, ambos funcionarios, a través de sus voceros oficiales, se limitaron a contestar que no harían comentarios sobre este tema.
Los cuestionarios fueron remitidos a ambos funcionarios el pasado 28 de enero.
La Ley de Transparencia otorga un plazo de 30 días calendarios al funcionario para contestar la petición de información y en caso de que no la posea, se lo debe informar al peticionario.
Según se ha conocido, este gobierno se había comprometido con un primer pago en 2013 de 92 millones de dólares, y un desembolso final en 2014 por 149.3 millones de dólares.
En medio del silencio oficial sobre el pago de estos bienes, informes de prensa provenientes de Italia indican que varios de los directivos de Finmeccanica están detenidos actualmente acusados de corrupción internacional, entre ellos su presidente y consejero delegado, Giuseppe Orsi.