La Internacional Socialista (IS) expresó su preocupación por la crisis política y social que vive Venezuela y condenó las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición califica como un apéndice del Ejecutivo de Nicolás Maduro.
A través de una resolución emitida al término del congreso anual, la organización de partidos socialdemócratas cuestionó la utilización del TSJ para invalidar las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional (AN), “emitiendo sentencias que claramente vulneran las decisiones de esta instancia legislativa, violando así el espíritu de la ‘Constitución” y “comprometiendo los valores democráticos sustentados en el respeto mutuo, equilibrio y autonomía de los poderes del Estado”.
La Internacional Socialista también hizo hincapié en la liberación de los dirigentes de la oposición que se encuentran encarcelados: Leopoldo López y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, así como de los estudiantes que participaron en las manifestaciones de febrero de 2014.
“La violación flagrante del debido proceso es parte de las correcciones que deben hacer las instancias judiciales y el propio Gobierno debe cesar la criminalización de la protesta cívica, pacífica y democrática”, dice el texto.
La organización, que agrupa a partidos laboristas de todo el mundo, expresó su respaldo a los expresidentes Leonel Fernández, de República Dominicana; José Luis Rodríguez Zapatero, de España; y Martín Torrijos, de Panamá, por sus esfuerzos –como mediadores de la Unión de Naciones Suramericanas– en concretar un proceso de diálogo “real y efectivo” entre el Gobierno y la oposición, con el fin de aliviar la tensión política y social.
En el comunicado también se exhortó a que se celebre el referendo revocatorio del mandato de Maduro en 2016, y a que se busque una inmediata solución al desabastecimiento de alimentos y medicinas que sufre la población.
El pronunciamiento de esta organización política se efectuó un día después de que el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, denunció una maniobra del TSJ para seguir retrasando los términos para la convocatoria del referendo.
Según Ramos Allup, el máximo tribunal solicitaría a través de una sentencia que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acopie nuevamente el 1% de las firmas para este proceso, es decir, que desconocería tanto el proceso de recolección de 1.8 millones de firmas que tuvo lugar a fines de abril y el de validación con huella dactilar de 409 mil 313 firmas que se efectuó entre el 20 y el 24 de junio pasado, en medio de denuncias de irregularidades por parte de la oposición.
“Si el TSJ publica esta sentencia se estaría ratificando que se ha roto el hilo constitucional (...) Quedarían descubiertos ante el país (...) porque no hay independencia de poderes (...) La Sala Constitucional del TSJ se ha convertido en una guarida de delincuentes que delinque contra la Constitución”, aseguró Ramos Allup.
El político cree que como una suerte de premio de consolación y para impedir la realización del revocatorio, el Gobierno “va a anunciar que se realizarán las elecciones de gobernadores para montar la tesis de que el Gobierno no tiene miedo a la elección y a medirse en democracia”.
Sobre los obstáculos que el CNE estaría poniendo a la realización de la consulta, la MUD denunció ayer los obstáculos a los que se enfrenta la nueva etapa del proceso para la activación del referendo, que implica recoger el 20% del padrón electoral, informó el diario El Nacional.
Los partidos Un Nuevo Tiempo y Avanzada Progresista, que integran el bloque opositor, denunciaron que el CNE prevé solicitar que el 20% de las firmas sea producto de una recolección por estado y no nacional, como lo establece el reglamento.
También aseguraron tener información de que se pretende otorgar un solo día para la recolección de esas firmas, y que no abriría las 40 mil mesas en 14 mil centros de votación de todo el país, como lo pidió la oposición.
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, manifestó el pasado 28 de junio que, en vista de que tendrán que recoger unos 4 millones de firmas –el 20% de 19.5 millones de electores– se requiere utilizar la plataforma convencional de elecciones, a fin de brindar a la población la posibilidad real de expresar su voluntad.
En medio de este escenario, el pasado jueves la Asamblea aprobó un acuerdo para exhortar al CNE a que adecue sus actuaciones al ordenamiento constitucional para la realización del referendo revocatorio.
En el escrito remitido a la OEA, al Mercosur y al Parlatino, igualmente se felicita al pueblo venezolano por “sus muestras de civismo y fortaleza ciudadana” y se instó a la Defensoría del Pueblo para que se encargue de velar por los derechos de las personas que se manifiestan a favor del revocatorio.