Representantes de la sociedad civil cuestionaron la batalla legal que emprendió la Asamblea Nacional contra la Ley de Transparencia en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de una advertencia de inconstitucionalidad.
Para el exembajador e impulsor de la Ley de Transparencia Fernando Berguido, dicho recurso es una táctica dilatoria y, a la vez, un acto de “cinismo” político.
Berguido cuestionó que Jerry Wilson, exlegislador del Partido Revolucionario Democrático, haya sido la persona que presentó el recurso en nombre de la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego. “Es desfachatado que quien presenta el recurso haya sido nada menos un diputado que participó activamente en la discusión y aprobación de dicha ley. Se trata de quien fue el presidente de la Comisión de Gobierno y recomendó, sin reparo alguno, la aprobación de esos mismos artículos que ahora convenientemente demanda”, señaló Berguido.
Por su parte, Lina Vega, presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional, manifestó que la presentación de esta acción por parte de la presidenta del Legislativo disipó completamente las intenciones de los diputados, si es que “aún quedaban dudas”. “Buscan impunidad […] Los recursos públicos a los que pudieron acceder fueron mal utilizados y se niegan a rendir cuentas y lo están intentando incluso a costa de las reglas de la democracia. En 2002, este país avanzó con la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso de Información, no podemos permitir un retroceso”, advirtió Vega.
En tanto, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) rechazó categóricamente cualquier acción que menoscabe el “principio de transparencia” desarrollado en la Ley N° 6 de 22 de enero de 2002, del cual esa entidad es el ente rector.
A través de una misiva enviada al Legislativo, la directora de la Antai, Angélica Maytín, le solicitó a Ábrego una copia autenticada de toda la planilla 080, correspondiente al personal adscrito directamente a los diputados, toda vez que en la página web de la propia Asamblea no consta “de forma clara y desglosada” tal información.
Algunos diputados también rechazaron el recurso de inconstitucionalidad. La bancada del Partido Panameñista, por ejemplo, consideró que la acción promovida por Ábrego es inconsulta.
“La decisión de la presidenta de la Asamblea es unilateral. Para llevar adelante este tipo de acción, ella debiera consultar a la junta directiva completa o a la directiva ampliada, en la que participan los jefes de bancada de cada una de las fracciones parlamentarias representadas en el Legislativo”, apuntó el diputado oficialista Luis Eduardo Quirós.
Mientras que el diputado del Partido Revolucionario Democrático Leandro Ávila manifestó que se sorprendió con la presentación de este recurso. “Desconozco cuáles son los artículos demandados”, reconoció.